Gobierno y agentes sociales se acercan al acuerdo en materia de ERTE

Madrid

A la cuarta reunión en una semana, tras casi cinco horas de negociación en el Ministerio de Trabajo, se ha registrado un avance en las negociaciones que Gobierno, sindicatos y patronales protagonizan durante este mes para renovar las medidas de apoyo con las que cuentan los ERTE, que caducarán (si no se hace nada) el próximo día 30. Los agentes sociales salen del encuentro con un documento en el que el departamento que dirige Yolanda Díaz plantea una vía intermedia respecto de las posiciones definidas hasta ahora, y las organizaciones han acordado trabajar esa propuesta, hacer observaciones y volver a reunirse el miércoles por la mañana para tratar de cerrar definitivamente un pacto que prorrogaría las ayudas a empresas y trabajadores hasta el 30 de septiembre.

La idea que se ha puesto encima de la mesa en la reunión de este lunes es que han de ir desapareciendo los ERTE extraordinarios y han de verse sustituidos por ERTE ordinarios, pero dando a estos últimos algunas de las características y ventajas de los primeros. Lo principal: los ERTE ordinarios podrán aplicarse las exenciones de cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, que es lo que permite a las empresas ahorrar. Serán unas exenciones moderadas, según fuentes de la negociación, más o menos como las que hay en junio para los ERTE extraordinarios, que están (según el tamaño de la empresa y si ha sacado a trabajadores del ERTE o no) entre el 70% y el 30%. Es decir, no serán de hasta el 100%, como al comienzo de la crisis, que es lo que querían en la patronal, ni tampoco irán cayendo paulatinamente hasta porcentajes muy bajos en septiembre, que es lo que planteaba el Gobierno a comienzos de la semana pasada.

Una vía intermedia para buscar el acuerdo, que se complementa con la extensión a los ERTE ordinarios de otras propiedades de los ERTE extraordinarios: por ejemplo, la prohibición de hacer horas extra, externalizaciones o nuevas contrataciones mientras haya trabajadores en ERTE, a menos que sea imposible atender las nuevas necesidades con los empleados que están suspendidos, o la extensión de la prohibición de despedir para las empresas que hagan un ERTE hasta final de año (bajo pena de devolver las ayudas); de nuevo, una prohibición condicionada a la situación de la empresa o del sector. Se daría también más flexibilidad a la empresa para ir metiendo o sacando a trabajadores del ERTE, reduciendo jornada o suspendiendo contrato en función de las condiciones económicas.

La propuesta del Gobierno recoge también alguna de las peticiones sindicales, como que se extiendan al 30 de septiembre las ventajas para los trabajadores en ERTE (no consumir la prestación por desempleo y poder acceder a la prestación al ser inscrito en un ERTE incluso si no se reúne el tiempo cotizado necesario), y el compromiso de revisar la situación de los parados no inscritos en ERTE, que sí que están consumiendo su prestación durante estos meses de crisis, en los que acceder a un empleo es más difícil. La propuesta recoge también una mesa en las que participarán patronal y sindicatos, pensada para proponer fórmulas de recuperación del empleo.