Una guía sobre custodia compartida para combatir "un vacío legal muy importante"

Madrid

El Consejo General del Poder Judicial ha dado luz verde estas semanas a una guía de información, jurisprudencia y criterios en torno a la custodia compartida. Un documento de casi 400 páginas en cuya elaboración han participado expertos en la materia procedentes de los juzgados pero también de la Fiscalía, la abogacía y el propio órgano de gobierno de los jueces y que aborda aspectos como posibles reformas legales, los planes de parentalidad o la necesidad de mejorar la coordinación entre juzgados.

En la sala de máquinas de todo este trabajo ha estado Carmen Delgado, magistrada y Letrada Jefa de la Sección de Igualdad del CGPJ. Según explica en declaraciones a la Cadena SER "teníamos la percepción de que era uno de los elementos que generaban más incertidumbre o inquietud dentro de al sociedad" y decidieron hacer un análisis sobre "cómo se está aplicando la custodia compartida". Un análisis que reveló que "al no estar regulada bien la custodia compartida en nuestro derecho común" la respuesta de los tribunales no es uniforme en su aplicación. 

Han sido analizadas decenas de sentencias tanto de tribunales territoriales como de la sala de lo civil del Tribunal Supremo, estructurando todo en una guía destinada a "dar a los miembros de la judicatura una serie de pautas de cómo se pueden regular" y "darles ideas, herramientas o experiencias que les puedan resultar útiles a la hora de decidir sobre determinadas cosas que no están reguladas en la ley, porque lo que tenemos es un vacío legal muy importante y esto no es culpa de la judicatura, todo lo contrario la judicatura está cubriendo esa laguna legal".

Para Delgado "una buena regulación del régimen de custodia compartida o de cualquier custodia evita muchísimos incidentes, muchísimas peleas, mejora la vida de todos los implicados y sobre todo mejora la vida de los hijos de manera exponencial". Por encima de todo la guía exige una reforma integral "inaplazable" para , explica, aspectos como las pensiones de alimentos o el uso de la vivienda familiar que "no está regulado y genera un montón de conflictos, de debate, de contenciosos que no tendrían que estar ahí si hubiera un régimen legal claro y la gente tuviera una cierta seguridad de lo que puede ocurrir cuando yo me divorcio, habría muchísimos menos contenicosos y esto es bueno no sólo para el sistema de justicia sino sobre todo par las partes, los hijos, todo el entorno".

Planes y coordinación de parentalidad

La guía pone encima de la mesa, de diferente manera, dos herramientas: los planes de parentalidad y la figura del coordinador de parentalidad. El primero, explica Delgado, "es un documento en el que los progenitores exponen con detalle cómo a partir del momento de la ruptura van a repartirse las tareas de cuidado atención y educación de sus hijos" que incluye "todo" y que sin este documento "quedan en el aire y a la improvisación". 

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Esta medida, recuerda, ya está incluida en el plan de choque del Consejo y su implantación conseguiría que no quede nada a la improvisación. "La improvisación está bien cuando los padres se llevan bien y hay comunicación, pero este no es el caso cuando llegamos a las rupturas contenciosas y para estos casos es muy importante que haya un documento donde cada uno diga qué obligaciones va a asumir, cómo las va a cumplir… no se puede regular todo, siempre pueden surgir cosas que no estaban previstas, pero la cantidad de incidentes que pueden surgir se minimiza".

En cuanto a la figura del coordinador de parentalidad, tampoco regulada en la actualidad en el Código Civil, recuerda Delgado que "nos limitamos a decir que existe y a pedir que se regule. Mientras no se regule es una herramienta que puede tener mucho riesgo por mala aplicación". El coordinador, explica, es un colaborador del juez que puede actuar como intermediario en casos de alta conflictividad pero que "bajo ningún concepto puede sustiruir al juez en la toma de decisiones" pero pidiendo que sea una figura regulada correctamente en tres aspectos: quién puede ejercer, qué funciones tendrá atribuidas y si se trata o no de un servicio público gratuito.

Con posterioridad a la elaboración de las entrevistas y este reportaje la Asociación de Mujeres Juristas Themis ha emitido un comunicado conjunto con una treintena de asociaciones y personalidades criticando que la guía abre la puerta a "normalizar la aplicación" del denominado "síndrome de alienación parental" en casos en los que se discute la custodia de los hijos.

Coordinación entre juzgados

Otra de las cosas que reclama la guía para una posible reforma legal es una mejor coordinación entre los juzgados para que, por ejemplo, una sentencia por la vía penal no pase inadvertida al juzgado que tramita el divorcio. Esta falta de coordinación "es el primer problema que pusieron de manifiesto las compañeras de violencia de género", explica Delgado. "Lo que ocurra en el penal tiene y debe tener mucha influencia en el civil. No es lo mismo que una persona contra la que se ha abierto un procedimiento penal resulte condenada a que resulte absuelta y obviamente eso debe tener un reflejo en las medidas que se adopten en el civil".

Una comunicación que, añade, "no siempre se produce. En unas ocasiones eso comporta un riesgo importante y en otras puede llevar a soluciones injustas". En ese mismo sentido se pronuncia Lorenzo añadiendo que "luego están las cuestiones de competencia entre el juzgado de familia y el de violencia de género, ninguno de los dos tiene que conocer del asunto y tenemos que interponer el recurso ante la Audiencia y estas cosas deberían cuidarse de otra manera".

Jurisdicción especializada

Otro de los aspectos fundamentales de la guía de casi 400 folios pasa por reclamar una "reforma orgánica" para establecer "la especialización en materia de familia de los órganos judiciales de primera y de segunda instancia" con además una "formación adecuada y obligatoria de todos los jueces y juezas" que resuelvan este tipo de casos. "Es necesario que los profesionales tengan conocimientos no sólo jurídicos sino también de otras disciplinas como psicología, sociología o pedagogía y para esto sería muy importante que hubiera una jurisdicción especializada en familia", explica Delgado.

Algo en lo que también incide la presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, Mariló Lozano. "La falta de esta especialización hace que tengamos una justicia de primer nivel y otra de segundo nivel" afirma, explicando que "la de primer nivel es la que todos aquellos ciudadanos que tienen en su partido judicial juzgados de familia mientras que otros que tienen el mismo problema no van a tener la oportunidad de que su asunto sea decidido por un juez especializado".

Crítica de las asociaciones

Con posterioridad a la realización de estas entrevistas varias de las principales asociaciones judiciales emitieron un comunicado asegurando que "valoramos positivamente los esfuerzos" del CGPJ al elaborar la guía pero criticando su aprobación por parte del pleno y que entre "de lleno en un terreno que le está vedado" al entender que "supone una clara intromisión en la función jurisdiccional de jueces y magistrados" al poner encima de la mesa estos criterios que la propia guía califica de "recomendaciones" y "guía orientativa".

El comunicado fue suscrito por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. En declaraciones a la Cadena SER, el presidente de la APM Manuel Almenar explica que la guía merece una "valoración positiva" y que "debería ser una guía que se explicase de manera pormenorizada en los cursos del CGPJ" pero que "es el juez el que aplica la norma en lo dispuesto en el Código Civil" y "lo que no cabe bajo ningún concepto es que un órgano de carácter gubernativo aparente que da instrucciones o criterios genéricos de cómo se interpretan las leyes, eso no puede ser".