Miércoles, 21 de Octubre de 2020

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La juez archiva el caso del tranvía de Parla

El auto subraya que no hay indicios para sustentar "de forma racional" la denuncia que acabó con la carrera política de Tomás Gómez

Imagen de archivo del tranvía de la localidad madrileña de Parla

Imagen de archivo del tranvía de la localidad madrileña de Parla / EFE

El juzgado de instrucción número 5 de Parla ha archivado la investigación abierta en 2014 al Ayuntamiento de esta localidad madrileña por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el sobrecoste en las obras del llamado tranvía de Parla que proyectó la Comunidad de Madrid para unir con el centro del municipio los nuevos desarrollos urbanísticos nacidos al calor del boom inmobiliario. Dice la juez que "no hay indicios suficientes sobre los que poder sustentar de forma racional la denuncia formulada" por la fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Sobre el delito de prevaricación, rechaza de plano que haya habido una "actuación arbitraria" porque "a efectos de encajar en el ámbito penal, no cabe calificar de arbitraria la actuación de quienes aprueban unas modificaciones del proyecto de construcción que están permitidas en el pliego y que obedecen a razones de interés público". Son, por tanto, "modificaciones permisibles, avaladas por informes técnicos que reconocen el interés público".

En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, dice la juez que se han investigado posibles vínculos de los responsables públicos del ayuntamiento de Parla con las empresas adjudicatarias y que no se ha encontrado ninguno. "No ha resultado", según el auto de archivo, "vínculo alguno ni justificación de enriquecimiento o apoderamiento de dinero público en perjuicio de tercero, tratándose de pagos realizados por obras ejecutadas a empresas ajenas a los integrantes de las juntas de gobierno local".

El consorcio de transportes, dependiente de la Comunidad de Madrid, licitó en 103 millones de euros el proyecto del tranvía de Parla que acabó costando 142 millones de euros por estas modificaciones que ahora la Justicia considera ajustadas a Derecho.

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