La Fiscalía dice que el Gobierno no tiene culpa de la pandemia

Madrid

El ministerio fiscal pide que no se admitan las querellas contra el Gobierno por la gestión del COVID-19. El informe de 310 folios detalla que ninguna de las veinte querellas interpuestas contra los miembros del Gobierno por la gestión de la crisis derivada de la pandemia por COVID-19, reúne los requisitos para ser admitida

La Fiscalía utiliza en casi todas querellas presentadas una expresión latina 'Nulla poena sine culpa', basada en uno de los principios fundamentales del Derecho Penal, mediante el cual ninguna persona puede ser condenada por un delito si no existe intención o, al menos, culpa, en la acción que causó un daño.

Elucubraciones

Mientras que algunos de los hechos no resultan constitutivos de ilícito penal, otros no se fundamentan en ninguna prueba, más allá de las meras manifestaciones o elucubraciones de los querellantes, se trata, dice la Fiscalía, de denuncias genéricas salvo con respecto a algunos de los fallecimientos, pero que no aportan ningún principio de prueba bastante para justificar otra decisión distinta a su archivo.

Derechos de los trabajadores

En la querella no se determina ni cuándo se han producidos los hechos, en qué centros de trabajo, ni los concretos incumplimientos que en cada uno de ellos se ha producido, ni quién o quiénes son los trabajadores afectados por el riesgo, ni cuál o cuáles son los equipos de protección personal que no se han proporcionado. Por todo ello, dice la Fiscalía "no solo es inviable y carente de toda lógica la investigación pretendida, sino que además se trataría de una investigación genérica y prospectiva, proscrita en nuestro ordenamiento y nuestra jurisprudencia".

Test defectuosos

En lo referente a los test rápidos defectuosos la conclusión la que llega la Fiscalía no es distinta. Es preciso una mínima determinación y prueba de su carácter defectuoso.

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Discrepancia

Según el escrito del fiscal "los querellantes se limitan a manifestar su discrepancia con la actuación política desarrollada por los querellados, no aportando elemento objetivo alguno que permita conectar las situaciones de riesgo para los trabajadores y las muertes que se atribuyen a causa de la crisis sanitaria desatada por la enfermedad COVID-19 con la actuación desarrollada por los querellados y, mucho menos, con la infracción de los deberes inherentes a su cargo.

Equipos de protección

la Fiscalía precisa que "se trata de concretar si el hecho de no hacer entrega de los equipos de protección individual necesarios para que los trabajadores desarrollen su actividad en las condiciones de seguridad exigibles por la norma puede integrar alguno de los tipos delictivos señalados, cuando es un hecho notorio y sobradamente conocido la escasez de éstos en el mercado nacional e internacional y, por tanto, la dificultad -cuando no imposibilidad- de entregar los mismos a los trabajadores.

La respuesta es necesariamente negativa, ya que al sujeto legalmente obligado se le estaría exigiendo una conducta imposible de realizar y, siendo la falta de medios un hecho notorio, no es precisa la práctica de diligencia de prueba alguna en tal sentido".

Querella de Vox

Sobre la querella formulada por Vox, la Fiscalía explica que "resulta palmario que mientras que los hechos en ella relatados no resultan constitutivos de ilícito penal, y además no se fundamentan, más allá de las meras manifestaciones o elucubraciones del denunciante, en principio de prueba alguno que justifique la incoación de un procedimiento penal"

Ademas, dice el teniente fiscal, "de la documentación que la acompaña, solo podemos llegar a la conclusión de que la misma es genérica y no aporta principio de prueba bastante para justificar otra decisión distinta a su archivo".

El análisis de los fiscales se centra en los delitos más denunciados, que además del presuntamente cometido contra los trabajadores son el de muerte o lesión por imprudencia, prevaricación administrativa y omisión de socorro.

En este apartado, la Fiscalía no encuentra indicios de que la actuación del Gobierno, en especial la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o del presidente, Pedro Sánchez, pueda incardinarse en ninguna de los delitos denunciados.

Las otras querellas reclamaban también la responsabilidades de los miembros del Gobierno por delitos menos frecuentes como delitos del falsedad y hasta de genocidio, pero la Fiscalía tampoco encuentra indicios de la comisión de estas conductas criminales.

Variedad de denunciantes

Las querellas han sido presentadas por sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos como Vox -todos ellos en calidad de acusación popular- pero también entregadas directamente por familiares de víctimas de la pandemia en calidad de acusación particular e incluso una instada por el Pleno de un ayuntamiento manchego.