El Supremo deja vista para sentencia firme la condena de inhabilitación de Torra
La defensa del president catalán pide anular su condena y apunta a instancias y jurisprudencia de tribunales europeos
La fiscalía pide confirmar su inhabilitación alegando que colocar esas pancartas no fue un acto político
Torra llega al Supremo acompañado de Meritxell Budó y Pere Aragonès / SERGIO PEREZ (Reuters)
Madrid
El Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia el caso contra el president Quim Torra por su negativa a retirar pancartas y lazos amarillos de edificios oficiales en plena campaña electoral del año pasado. El letrado de Torra ha pedido su absolución poniendo la vista en Europa y cuestionando la imparcialidad del tribunal que le condenó mientras que la Fiscalía ha pedido que se confirme explicando que colgar esos símbolos fue un acto administrativo, no un acto político.
"No es una actividad política, es una actividad administrativa en un marco de actuacion política. Esto se hace en un proceso electoral de ámbito de toda la comunidad autónoma", ha recordado la fiscal Pilar Fernández para defender tanto las advertencias de la Junta Electoral Central exigiendo la retirada de los símbolos como la posterior condena de Torra por desobediencia al ignorar estas órdenes en tres ocasiones a lo largo de marzo del año pasado.
Gonzalo Boye, abogado de Torra junto con Isabel Elbal, ha cuestionado tanto la actuación de la Junta Electoral como su imparcialidad y la del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. "En una suerte de circo pobre, en un momento determinado estaba actuando como presidente del Tribunal Superior de Justicia y a la vez como magistrado presidente de la sala de enjuiciamiento", ha dicho el letrado por ejemplo de uno de los jueces que firmó la condena.
Sobre la orden de la Junta Electoral que desoyó hasta en tres ocasiones, ha dicho Boye que "La orden no se podía cumplir. No venía de una autoridad superior, no venía de una autoridad competente y lo que pedían era que vulnerase los derechos fudamentales de las personas que trabajaban en la Generalitat". Ha llegado a comparar el caso de Torra con el de Cayetana Álvarez de Toledo, denunciada por asegurar que familiares del vicepresidente Pablo Iglesias son terroristas, reclamando ser protegido también por inmunidad parlamentaria.
Apoyo en la puerta
Torra ha accedido al interior del Supremo por la puerta principal a las doce menos diez de la mañana acompañado por la plana mayor del Govern y el independentismo. El vicepresidente Pere Aragonès y la portavoz Meritxell Budó han entrado con él al edificio mientras que fuera hacían declaraciones Laura Borràs (JxC), Gabriel Rufián (ERC), Albert Botrán (CUP) y Marcel Mauri (Òmnium Cultural).
Borràs ha calificado de "atropello democrático" su posible condena firme y se ha dirigido al ejecutivo central, "el Gobierno que se llama el más progresista de la historia". Desde ERC, el diputado Gabriel Rufián considera que "se está atentando objetivamente contra los derechos más básicos, elementales, de una persona, del president de la Generalitat, del más alto cargo de Catalunya".
