El Supremo archiva una denuncia contra Pablo Iglesias por ensalzar al Partido Comunista en el Congreso

Madrid

El Tribunal Supremo ha inadmitido una denuncia presentada por una asociación de militares contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, acusándole de un delito de odio por enorgullecerse de compartir grupo parlamentario con el Partido Comunista. El juez Pablo Llarena entiende que sus declaraciones no sólo no constituyen un delito de odio sino que reflejan la asunción de los valores democráticos por parte de Iglesias.

Fue en el Congreso el pasado mes de abril cuando Iglesias aseguró que "…para mí es un honor representar a un grupo político dentro del cual, hay un partido con casi 100 años de historia, el Partido Comunista de España, que fue condición de posibilidad de la derrota de la Dictadura, de la construcción de la democracia en nuestro país y de la Constitución del 78…".

Un particular llevó sus palabras ante el Supremo en representación de la Asociación Nacional de Veteranos de los Tres Ejércitos acusando al vicepresidente segundo de un delito de odio y el juez Pablo Llarena ha archivado la denuncia, asegurando que todo está enmarcado en la libertad de expresión. Decir eso "no es sino el reflejo de la asunción y el ejercicio de los principios constitucionales democráticos más esenciales, sin que pueda entenderse constitutiva de infracción penal cuando se proclama de un partido político inscrito en el correspondiente Registro desde el 9 de abril de 1977".

Para el juez, además, no sólo no hay delito sino que Iglesias estaba en cualquier caso protegido por la inviolabilidad que blinda sus opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

Archivo también para Tertsch

En otro auto el Tribunal Supremo, con la magistrada Susana Polo como ponente, ha inadmitido a trámite una querella de IU y Podemos contra el europarlamentario de Vox, Hermann Tertsch, por varios tuits publicados en enero de este año y por los que las dos formaciones le acusaban de incitación a la rebelión, amenazas al gobierno y delito de odio.

El eurodiputado llamó en un tuit a la "intervención del Ejército" contra el ejecutivo de coalición y la magistrada explica que esos mensajes "no presentan relevancia penal alguna, el mero recordatorio de un precepto constitucional no puede tener ese carácter".