El Supremo se prepara para hacer pública la sentencia firme del caso Gürtel

Madrid

El Tribunal Supremo tiene previsto hacer pública esta semana la sentencia firme de una de las piezas más voluminosas de la trama Gürtel conocida como 'Época I'. La sentencia que condenó al Partido Popular por beneficiarse económicamente de la trama corrupta en varios municipios de Madrid y la que esgrimió Pedro Sánchez durante la moción de censura que terminó con el ejecutivo de Mariano Rajoy.

La sala de lo penal, con Juan Ramón Berdugo como ponente, lleva ocho meses estudiando los más de cuatrocientos motivos planteados en sus recursos por defensas y acusaciones contra la sentencia de casi 1.700 páginas dictada por la Audiencia Nacional en mayo de 2018. La resolución no fue adoptada por unanimidad del tribunal y contaba con un voto particular del recién elegido magistrado del Supremo, Ángel Hurtado.

La sentencia analizó la actividad de la trama corrupta asociada al Partido Popular y sus cargos públicos entre 1999 y 2005 en distintas localidades de Madrid, Castilla y León y también Estepona, así como la gestión del patrimonio de Luis Bárcenas en el extranjero. La Audiencia Nacional condenó a 29 personas por amañar en torno a 700 contratos públicos: comisiones y regalos para cargos públicos ligados al PP a cambio de contratos públicos en las administraciones que gobernaban.

La condena más alta fue para el empresario y líder de la trama Francisco Correa (52 años y 11 meses) con condenas también, entre otros, para Luis Bárcenas (33 años y 4 meses) o los exalcaldes Jesús Sepúlveda (14 años y 4 meses) y Guillermo Ortega (38 años y 3 meses).

¿Hubo una caja B?

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia que haga pública esta semana el Tribunal Supremo no será sólo saber si modifica las condenas de cárcel de los 29 condenados por participar en la trama corrupta: los jueces tendrán que decidir si declaran firme la condena del Partido Popular (245.492,80 €) y la exministra Ana Mato (27.857,53 €) como partícipes a título lucrativo y su obligación de devolver sus ganancias de la trma, así como si mantienen como hecho probado que existió una 'caja B' de dinero negro en Génova 13 para pagar las dádivas de los políticos que les facilitaban el acceso a las arcas públicas.

Este punto supuso una polémica tan grande en el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el caso que el magistrado Ángel Hurtado tuvo que ceder la ponencia cuando se quedó solo defendiendo que el PP no debía ser condenado. Otro fue la existencia de la caja B de dinero negro que la sentencia declaró finalmente probada: "Una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989 (...) en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido".

La existencia y funcionamiento de esta 'caja B' es algo que, según explicitó la Audiencia, quedaba "fuera de su ámbito de conocimiento" y que, de hecho, está pendiente de tener su propio juicio en la Audiencia Nacional. Hace un año, de hecho, la propia Audiencia dejaba fuera de ese juicio al magistrado José Ricardo de Prada por haber declarado probada la existencia de la contabilidad paralela ya en esa primera resolución.