La vicepresidencia de Iglesias presiona para aprobar ya la regulación de los alquileres

Madrid

PSOE y Unidas Podemos se encuentran perfilando el borrador de presupuestos que servirá como base para abrir la negociación con los grupos. Y, a falta de conocer los detalles de lo pactado por ambas formaciones, los de Iglesias buscan también, en paralelo, sacar adelante una de las medidas plasmadas en el acuerdo de Gobierno: la regulación de los precios de los alquileres. Este viernes, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, junto a la secretaria de Estado de Agenda 2030 Ione Belarra, se reunía con los representantes de los sindicatos de inquilinos de todo el país que reclamaban un encuentro “urgente” para abordar esta situación. Los sindicatos piden “intervenir ya” poniendo en marcha una ley, en la línea de la aprobada en Cataluña, ante una situación que califican de “insostenible” y constatan la “voluntad” por parte del gobierno, y de una mayoría de grupos según indican, de que la ley salga adelante.

La medida es una reclamación casi histórica de los morados y aparece en el acuerdo firmado por Sánchez e Iglesias, pero, ante la situación derivada de la pandemia, quieren acelerar su puesta en marcha. Desde de la vicepresidencia segunda, dirigida por el líder de Unidas Podemos, se considera imprescindible “que se cumpla ya” con este proyecto, teniendo en cuenta el “momento de emergencia social”. De hecho, según estas fuentes, Iglesias y Belarra han trasladado a los representantes de los sindicatos “su voluntad de trabajar en el seno del Ejecutivo para que se den pasos claros en este momento que hagan efectivo este compromiso del programa de Gobierno”. El propio vicepresidente, a través de Twitter, incidía en esa idea añadiendo que "en plena situación de pandemia, en la que las cuarentenas y confinamientos parciales están a la orden del día, la garantía del derecho a la vivienda se convierte en una urgencia inaplazable". Iglesias presiona de esta forma en el seno de la coalición, y en el contexto de negociación de presupuestos, para cumplir ya con ese acuerdo que a priori tendría el apoyo de varios partidos, especialmente los catalanes, JxCat y ERC, que verían refrendada la ley que ellos aprobaron hace unas semanas en el Parlament y que podría ser suspendida por el Constitucional.

Ambos partidos pactaron frenar “las subidas abusivas”

El acuerdo de Gobierno de Coalición, firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el pasado mes de diciembre, contempla en uno de sus puntos el compromiso de  ambos para frenar “las subidas abusivas del alquiler” habilitando a ayuntamientos y comunidades para que puedan actuar. En ese sentido, el texto asegura que se impulsarán las medidas normativas necesarias “para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”, habilitando a las comunidades o ayuntamientos para que, a partir de un Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda puedan “establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica”.

Además, el texto plantea que los ayuntamientos que así lo consideren puedan “declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente” una zona urbana de “mercado tensionado”. Todo, eso sí, cuando se haya producido “un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable”.

La ley catalana de ERC y JxCat, pendiente del Constitucional

A principios de septiembre, el Parlament catalán aprobó una la ley, en la que se fijan tanto sindicatos como los morados, que fue presentada por JxCat, ERC, los Comuns y la CUP que permite limitar los precios en hasta 60 municipios catalanes pero que podría ser suspendida por el Constitucional. Ciudadanos, PSC, PP y los cuatro diputados del PDeCAT integrados en JxCat, entre otros, votaron en contra. La ley limita el precio de los alquileres de aquellas viviendas que estén dentro de una área declarada como "mercado de vivienda tenso”, donde los contratos de alquiler no podrán superar el precio del último contrato ni la media del precio de los alquileres de la misma zona. Para declarar una de esas zonas, se tendría que cumplir con alguno de estos tres requisitos: que experimenten un crecimiento sostenido claramente superior al de la media de Catalunya; que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar supere el 30% de los ingresos habituales, y que el precio haya subido cinco años al menos tres puntos por encima del IPC. Naranjas y populares pidieron un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries y este concluyó que varios artículos son inconstitucionales porque la comunidad no tiene competencias y el PP ya anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional.