Unanimidad en el Pacto de Toledo para cerrar los trabajos iniciados en 2016

Madrid

El Pacto de Toledo ha acordado por unanimidad cerrar los trabajos iniciados en septiembre de 2016 sobre las recomendaciones que deben garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de la Seguridad Social y entre las que destaca el protagonismo del IPC para revalorizar las pensiones.

Los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo han decidido este viernes, tras cerrar casi 20 recomendaciones, que el dictamen de la comisión —esencia de todas las propuestas— se votará el próximo martes 27 de octubre en una comisión abierta en el Congreso.

Fuentes de varios partidos han señalado que existe un alto grado de consenso para que no haya votos en contra, aunque sí se prevé que ERC y EH Bildu puedan abstenerse, al considerar las propuestas buenas pero insuficientes.

De hecho, otras fuentes parlamentarias avanzan que Vox tendría "muy complicado votar en contra tras el desastre de la moción de censura al Gobierno" y que podría estar barajando una abstención.

El texto que se eleva a comisión el próximo martes recomienda profundizar en la separación de las fuentes de financiación a la Seguridad Social para acabar con el déficit del sistema en 2023, coincidiendo con el final de la legislatura.

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De esta forma, el dictamen recomienda que el Estado financie vía presupuestos o con transferencias directas los gastos impropios que hasta ahora pagaba la Seguridad Social, como bonificaciones, reducciones de cuotas derivados de ayudas a determinados sectores productivos, prestaciones por desempleo o vinculadas a ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad.

El Pacto de Toledo aboga por que el Estado contribuya a financiar los déficits de los regímenes especiales, los complementos a mínimos de pensión, así como los incrementos en la base reguladora de la pensión que perciben las personas viudas con menos recursos o mayores de 65 años sin trabajo ni rentas.

Todos los portavoces han valorado que las recomendaciones puedan por fin ver la luz tras 4 años de trabajo, ya que las últimas propuestas se remontan a 2011 y el Pacto de Toledo tiene la encomienda de revisar sus recomendaciones cada cinco años.

Sin embargo el IPC es el protagonista de la veintena de propuestas ya que las pensiones volverán a actualizarse según este indicador que marca el coste de la vida dejando al margen la Ley que aprobó el gobierno del PP y que revalorizaba las pensiones el 0,25 % anualmente.

Otras de las propuestas van dirigidas a poder elegir los 25 años mejores de cotización para calcular la pensión, a medidas que acerquen la edad real de jubilación a la edad legal con incentivos o desincentivos a las prejubilaciones y a estudiar fórmulas que no penalicen a determinados sectores que tienen carreras de cotización de más de 40 años.

Casi todas las recomendaciones ya estaban pactadas en 2019, pero el adelanto electoral frustró su aprobación, por lo que en esta legislatura lo que han hecho los portavoces es retocarlas y adaptar algunas a las nuevas circunstancias económicas provocada por el COVID-19 o a la inmigración.

Entre las novedades está estudiar un procedimiento para que los autónomos puedan cotizar por sus ingresos reales, y en este sentido el PP ha avanzado que el mecanismo debe ser consensuado en la Mesa del Diálogo Social.

Fuentes del PP han señalado que este punto es "fundamental" para que el partido pueda posicionarse a favor del dictamen que se votará el próximo martes.

Otra novedad de las recomendaciones es que el Pacto de Toledo aboga por establecer un remanente mínimo en el Fondo de Reserva sujeto a una regla que endurezca su disponibilidad.

Las recomendaciones señalan además a la propuesta de la Carta Social Europea como referencia para establecer un indicador de lo que es una pensión suficiente y que permita hacer un seguimiento sobre si hay desviación o no.

Esta fórmula podría ser la tasa de sustitución (relación entre la pensión media y el salario medio) comparada con ámbitos territoriales de los países más avanzados de la Unión Europea.

También piden impulsar reformas que corrijan posibles tratamientos discriminatorios en las carreras de cotización de la mujeres, con particular atención al cálculo de los periodos de carencia y la eliminación de las reducciones proporcionales en las cuantías aseguradas de rentas mínimas.

La necesidad de salarios dignos para los jóvenes con el fin de que se les garantice una pensión digna y la solidaridad entre las cotizaciones de diferentes bases son otras propuestas, aunque en este último sentido no se ha recomendado el destope de la base máxima de cotización.

En el listado de recomendaciones también hay cabida para las nuevas tecnologías y la robotización, y expresamente abogan por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales, aunque no precisan si esto es "un impuesto al robot".

Fuentes socialistas han valorado el consenso de hoy mientras que fuentes de Unidas Podemos ha considerado que el nuevo texto garantizara certidumbre a los pensionistas y "supone la derogación de facto de la reforma de las pensiones del PP de 2013".

Ciudadanos también ha elogiado el buen entendimiento de la comisión, aunque no ha descartado que pueda introducir un par de votos particulares cuando el dictamen y las recomendaciones sean debatidas en el Pleno del Congreso.

Fuentes de ERC han señalado que estas propuestas son mejores que las del 2019 y aluden a su reivindicación de acabar con los préstamos del Estado a la Seguridad Social, pese a que podrían haber ahondado más en la progresividad fiscal para pagar el déficit del sistema.

Por su parte, el diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha calificado de "logro" el texto, que votará a favor el día 27 ya que han sido "muchas sesiones de intenso debate" y da respuesta "al reto de la sostenibilidad del sistema y a las peticiones de la ciudadanía, para que sigan manteniendo su confianza en la viabilidad de un sistema público de pensiones".