El Tribunal de Cuentas reconoce un agujero contable en el cobro de los gastos del voto rogado

La presidente del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha comparecido en la Comisión Mixta del Congreso para presentar cinco informes de fiscalización aprobados por el organismo referentes a ejercicios de 2016 a 2018, entre ellos, el relativo a los gastos del ministerio del Interior en la gestión de los procesos electorales de 2015 a 2017.

Un periodio político crucial donde se celebraron hasta siete procesos electorales para los que se destinó un presupuesto de 439 millones de euros y de los que se ejecutó un gasto de 380 millones de euros, prácticamente un 87%.

La mayor deficiencia se ha detectado en la ejecución del voto rogado, en parte, como han venido señalando en distintas sesiones parlamentarias PSOE, UP y C's, entre otros, debido a la complejidad que tiene para el votante que vive en el extranjero votar mediante este procedimiento. Del informe se desprende que tres de cada cuatro personas que viven en el extranjero y que solicitan el voto rogado tuvieron problemas a la hora de recibir el reembolso de los gastos postales derivados de la solicitud que debe abonar el ministerio del Interior.

Aproximadamente el 73% de los giros postales enviados para reintegrar el coste del franqueo de votos realizados por los residentes en el extranjero, no son recibidos por el votante por causas ajenas al ministerio del Interior, pero que ocasiona al ministerio un "gasto ineficaz", ya que no alcanza su objetivo, según recoge el informe y ha señalado la presidenta del tribunal.

El destino final del dinero, según ha aclarado María José de la Fuente, se reintegra en el Tesoro Público. El Tribunal de Cuentas sugiere que en futuros comicios se siga la recomendación de Correos que propone el uso de una cuenta bancaria.

Otros gastos injustificados

Entre las partidas auditadas que llaman la atención del tribunal, destaca los gastos del Ministerio del Interior, en als Elecciones del Parlamento de Galicia de 2016, del dispositivo de policia local, que debía correr a cargo de la Junta y no del presupuesto de Interior. También destacan os contratos realizados por la Direccion General de Política Interior con cargo a los presupuestos electorales en los que no se justificaron los criterios de adjudicación o se hizo con claúsulas genéricas.