El Tribunal de Cuentas destapa irregularidades en la privatización de las sociedades de prevención de mutuas

Madrid

El Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades en el proceso al que la ley obligó a las mutuas para deshacerse de las sociedades de prevención de riesgos laborales, entidades sin ánimo de lucro que gestionan millones de euros de dinero público procedente de las cotizaciones de trabajadores y empresarios, y que concluyó en junio de 2015. Un proceso que afectó a 19 mutuas y sobre el que ha puesto el foco la fiscalía al apreciar indicios de responsabilidad contable.

Según el informe aprobado por el órgano fiscalizador y al que ha tenido acceso la Cadena SER, en 13 casos se utilizaron informes desfasados para tasar por debajo de su precio real las sociedades de prevención. En cuatro casos, el técnico que valoraba el precio tenía relación con el auditor que velaba por la limpieza del proceso. Y en 6 casos, la venta de la sociedad de prevención de riesgos laborales termina en sociedades creadas ad hoc y en la mayoría de los casos participadas por directivos de las propias mutuas.

Operación especulativa

Es el caso de la sociedad de prevención de Asepeyo que fue vendida en junio de 2015 por siete millones de euros a una empresa constituida ad hoc por cinco directivos y un inversor privado. Solo unos meses después, a principios de 2016, la revendieron por 29,1 millones de euros, lo que supone un beneficio de más del 300%. Dice el Tribunal de Cuentas que se trata de una “operación de carácter especulativo que denota una actuación negligente por parte de Asepeyo al enajenar un activo significativo a un precio manifiestamente inferior al de mercado en perjuicio de sus mutualistas”.

La sociedad de Mutua Activa se vendió por 1,3 millones de euros en marzo de 2015, pero en base a los estadios financieros del año 2013. Un directivo de la mutua tenía el 15% de la empresa creada al efecto para comprar la sociedad de prevención. Según publicó El País la semana pasada, un juzgado de Reus investiga a la antigua cúpula de Activa Mutua por presuntas irregularidades en prácticas comerciales.

Mugatra, de la mutua gallega, fue vendida a una tercera empresa en octubre de 2013 por 2,1 millones de euros y en febrero de 2016 se revendía por 5,2 millones de euros. Un beneficio de más del 100% en menos de dos años y medio.

Un alto cargo de Ayuso, en el foco

El Tribunal de Cuentas señala como último responsable de esta montaña de irregularidades a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y subraya que “no ha ejercido adecuadamente sus competencias de dirección y tutela de las mutuas en este proceso”. Sus resoluciones, dicen los consejeros, “no tuvieron en cuenta aspectos fundamentales como son la exigencia de un proceso que contemplase y propiciase la publicidad y concurrencia y el establecimiento de mayores cautelas”. Rafael Barberá de las Torres ocupaba entonces el cargo. En la actualidad es el director general del área económica y financiera del Servicio Madrileño de Salud en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.