Martes, 26 de Enero de 2021

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Indignación por lo que dice un concejal de Vox: "El recorrido de la Ley Celaá será cortito, como su cerebro"

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Fernando Martínez Vidal ha declarado este martes que el recorrido de la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la Lomloe o Ley Celaá, 'va a ser tan cortito como el cerebro de la ministra que la firma'

Indignación por lo que dice un concejal de Vox: "El recorrido de la ley Celaá será cortito, como su cerebro"

Indignación por lo que dice un concejal de Vox: "El recorrido de la ley Celaá será cortito, como su cerebro" / Ayuntamiento de Madrid

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Fernando Martínez Vidal ha declarado este martes que el recorrido de la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la Lomloe o Ley Celaá, "va a ser tan cortito como el cerebro de la ministra que la firma".

Así se ha pronunciado durante el debate de las mociones de urgencia en rechazo a la Lomloe presentadas tanto por el PP como por Ciudadanos en el pleno municipal de este martes.

Luego la concejala socialista Mercedes González le ha exigido que retirase esas "inaceptables" palabras, a lo que Martínez Vidal ha contestado: "Si eso puede herir a alguien, desde luego lo retiramos sin ningún problema".

El pleno ha aprobado, con el voto favorable del PP, Cs y Vox y el voto en contra de PSOE y Más Madrid la moción del partido naranja para pedir la retirada de la Ley Celaá.

No obstante, no ha salido adelante debido a la oposición de Vox la moción presentada por el PP, que planteaba una serie de iniciativas para que la enseñanza de castellano "no sea fuente de discriminación", se incorporen "medidas de calidad y excelencia" y se garantice la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, entre otras cuestiones.

El PP ha rechazado que dicha moción se votase por puntos, como le ha pedido Vox, que finalmente ha rechazado la totalidad de la iniciativa por no querer respaldar el penúltimo de sus epígrafes, que recogía el apoyo explícito al recurso de inconstitucionalidad anunciado por el PP contra la Lomloe, algo que supone, para Vox, "una cuestión de partido".

En el debate, la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Begoña Villacís, ha expresado su rechazo a una ley "sectaria" y nacida de la "falta de diálogo", que "atenta contra los padres" y "contra los niños de educación especial".

"Esta ley lo que quiere generar es confrontación", ha sostenido Villacís, quien ha reprochado a Sánchez que tramite esta reforma "de la forma más apresurada posible".

Para el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (PP), la Lomloe "dinamita definitivamente el pacto constitucional" en materia de educación para implantar un modelo "único y fracasado", que impone "el fracaso escolar" y supone "el destierro de la cultura del esfuerzo" y "del español".

"Ustedes atropellan las libertades de los padres, porque consideran que los hijos no son de los padres", ha declarado Carabante, quien considera que la ley es un pago "vergonzoso y oprobioso" a las formaciones con las que Sánchez negociará los presupuestos.

Mercedes González (PSOE) ha sentenciado que "tienen un trauma histórico" con "aceptar que la izquierda gana elecciones, que gobierna y que legisla con ideas progresistas y democráticas", y ha resaltado que la Lomloe "ha sido aprobada por todos los partidos menos los partidos de la derecha", con "300 enmiendas aprobadas".

"El problema de la educación en España se llama desigualdad y se llama segregación", ha apuntado, por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, sobre este debate "centrifugado" y "mal enfocado".

Maestre ha vuelto a acusar al regidor de dedicar "más tiempo" a ser portavoz que alcalde del PP, y, en este sentido, ha afeado que el domingo, con una manifestación de Sanidad y la reapertura del Rastro, "eligió la manifestación en el coche del PP".

Entre otros aspectos, la Lomloe establece que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género, y, sobre la educación especial, decreta que en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad.

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