El Consejo de Europa urge a España a incluir en sus leyes todo tipo de violencia contra las mujeres
Considera que hay que reducir la arbitrariedad judicial en temas de custodias y regímenes compartidos en casos de quienes están acusados de violencia de género
Madrid
España tiene que hacer un mayor esfuerzo por ponerse en línea con lo que establece la Convención de Estambul respecto a violencia de género. Los expertos del Consejo de Europa en esta materia (agrupados en las siglas GREVIO) aplauden en su último informe los avances legislativos en nuestro país -al que consideran un referente en la materia-, pero ven varios puntos negros en la lucha contra estos crímenes.
El primero es que, paradójicamente en un país pionero en la definición de violencia de género, se siga haciendo hincapié en aquellas formas de violencia doméstica, en lugar de tener un enfoque más completo contra toda forma de violencia contra la mujer (menciona la violencia en el ámbito laboral, la violencia digital o la violencia que sufren las jornaleras agrícolas como ejemplos claros en los que queda mucho por avanzar).
Una de las consecuencias -según notan los autores del informe- de mantener una estrecha definición de violencia de género, es que faltan datos de las agresiones violentas que se producen en esos ámbitos. El informe es especialmente duro con la situación de mujeres refugiadas, mujeres migrantes, sobre todo cuando no tienen sus documentos en regla, y se llegan a preguntar cuántas de ellas no están en un mayor riesgo de muerte por las barreras que se encuentran para acceder al sistema de protección.
En ese sentido, recomienda acabar con la discrecionalidad con que los jueces pueden decidir sobre custodias compartidas y regímenes de visitas. Los expertos del GREVIO piden que se haga una formación mucho más completa de todas las profesiones implicadas en el trabajo con víctimas de violencia de género, o en su prevención: fuerzas de seguridad, judicatura, funcionariado, profesorado, personal sanitario y de servicios sociales.
Precisamente en el ámbito de la educación es en el que el Ministerio de Igualdad reconoce, en su respuesta a este informe, que se van a producir cambios importantes. El Consejo de Europa aplaude los valores transmitidos a las generaciones más jóvenes en la asignatura de Valores Éticos. Pero constata que, de momento, es una optativa: quienes eligen clases de religión no la cursan. Eso cambiará con la entrada en vigor de la Ley de Educación que se tramita estos días.
El Gobierno también espera que su acción legislativa a través de la ley de Libertad Sexual cambie otro de los puntos criticados por el Consejo. Urgen a que el Código Penal recoja una definición que sea operativa en la práctica diaria de lo que es la falta de consentimiento para poder hablar de violación. Y recuerda el enorme apoyo social que se constató en las manifestaciones por la sentencia a los violadores de 'La manada'.