Sancionada una guardia civil por denunciar en público el "acoso" de sus superiores

Madrid

El Tribunal Militar Central ha confirmado una suspensión de dos meses para una agente de la Guardia Civil de Chipiona (Cádiz) por denunciar en varias entrevistas en medios de comunicación que era víctima de "acoso" por parte de sus superiores. La agente aseguró en varios medios que era víctima de acoso por intentar impedir que se retirase la protección a una víctima de violencia machista: en los últimos años se le han llegado a abrir siete expedientes de los cuales cinco ya han sido archivados por el ministerio que dirige Margarita Robles.

Su caso saltó a los medios de comunicación hace dos años y medio. La agente Luisa María Flores, que para entonces llevaba un año de baja laboral "impuesta" según denuncia su entorno, aseguró en varias entrevistas a distintos medios de comunicación que estaba siendo víctima de acoso y expedientes disciplinarios y bajas impuestas por negarse a rebajar el nivel de protección a una víctima de violencia machista. Por ejemplo en esta entrevista en El Español afirmó estar siendo objeto de una "venganza", en La Voz del Sur que "me están destrozando la vida" y en el programa de Ana Rosa Quintana que "me empezaran unos individuos a amenazar", entre otras intervenciones.

Unas declaraciones que se han traducido en una sanción de dos meses de suspensión por una falta grave de "hacer reclamaciones a través de los medios de comunicación social" del artículo 22 de la ley que regula el régimen disciplinario de la Guardia Civil. La agente, según explican fuentes de su defensa a esta emisora, va a llevar su caso ante la sala de lo militar del Tribunal Supremo reclamando que se levante la sanción: ella ha rechazado hacer cualquier tipo de declaración.

El Tribunal Militar Central explica en su resolución que hizo estas declaraciones "sin autorización ni conocimiento de sus jefes" y que sus "reclamaciones y peticiones" no están amparadas por la libertad de expresión, aunque su defensa niega que se tratara de una reclamación o una petición. Explica la resolución que "no es el contenido de tales reclamaciones y peticiones, sino la forma en que se realizaron, a través de los medios de comunicación, lo que excede del legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y le está prohibido al guardia civil. Las reclamaciones y peticiones del guardia civil son perfectamente legítimas siempre que se formulen en términos acordes con la disciplina individualmente y por los cauces reglados".

Guerra de asociaciones

La denuncia de la agente fue canalizada a través de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que aseguró en un comunicado que todo era "un flagrante intento de quitar de en medio a una trabajadora que resulta molesta al cuestionar la arbitrariedad de órdenes dictadas por razones ajenas al compromiso con la seguridad pública que se ha de prestar a los ciudadanos". La asociación mayoritaria aseguraba además que se trata de "un acoso que procede del entorno de la misma persona que amenaza" a la víctima de violencia machista a la que quería proteger. 

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Poco después otra asociación del cuerpo, la Unión de Oficiales, emitía un comunicado en sentido contrario calificando de "delirantes" las denuncias de esta agente, hablando de "burdas mentiras" y añadiendo que "en ningún momento se ordenó rebajar la protección a la víctima". Denunció esta asociación que "se ha puesto en duda la integridad de un gran profesional y ha ensalzado a quien tantas sombras presenta en su quehacer diario".