La vicepresidencia de Iglesias acusa al PSOE de "continuar retrasando" el decreto antidesahucios

Madrid

Las discrepancias dentro del Ejecutivo en torno al decreto para la paralización de los desahucios continúan y, lejos de quedar cerradas con el principio de acuerdo del pasado 2 de diciembre, amenazan ahora con enquistar la situación. Fuentes cercanas a la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales, dirigida por Pablo Iglesias, afirman que el PSOE  "continua retrasando la aprobación del Real Decreto" que, según esta versión, estaba previsto que fuera aprobado, como tarde, el próximo martes 15 de diciembre. Desde este departamento enmarcan el retraso en una exigencia por parte del lado socialista, concretamente los ministerios de Economía y Justicia aseguran, para que los grandes tenedores de vivienda reciban una compensación "y no vean reducidos sus beneficios". Una posibilidad que rechazan desde las filas moradas al entender que se trata de un “rescate encubierto” y que estos propietarios deben “arrimar el hombro”. Sin embargo, desde el lado socialista niegan que estén retrasando la norma subrayando que se quiere sacar adelante el decreto haciendo compatible la necesidad de atender a personas vulnerables con la seguridad jurídica.

Según el entorno de la vicepresidencia de Iglesias, los socialistas habrían planteado una compensación económica para todos los propietarios, incluidos esos grandes tenedores, para los casos de desahucios por falta de pago del alquiler u ocupaciones. “El PSOE propone abonar con dinero público a los grandes tenedores de vivienda, en su mayoría bancos y fondos buitre, el 100% del alquiler derivado de la paralización de los desahucios” afirman estas fuentes. Desde la vicepresidencia segunda no están de acuerdo con la compensación y apuntan que la secretaría de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido la necesidad de que los grandes tenedores arrimen el hombro en esta crisis al entender que ya gozan de grandes beneficios: “Sería una forma de asumir su responsabilidad social corporativa, ya que utilizan un bien de primera necesidad como es la vivienda como objeto de especulación”.

Desde el lado socialista, sin embargo, rechazan estas acusaciones asegurando que no se está retrasando nada y subrayando que es un tema complejo que involucra a cuatro ministerios: Transportes, Derechos Sociales, Justicia y Economía. "Queremos sacar adelante un decreto haciendo compatible la necesidad de atender a las personas y familias en situación de vulnerabilidad y, por otro lado, la seguridad jurídica" señalan estas fuentes, recordando que ellos no hablaron de dos semanas de plazo como hizo Iglesias, sino de aprobarlo lo antes posible y en eso siguen trabajando: "Trabajamos en una propuesta sólida, que no sea recurrible, porque eso sería nefasto para las personas vulnerables, que son las que más tienen que perder", insisten.

El principio de acuerdo, al que se llegó a principios de diciembre contemplaba la paralización de los desahucios para personas en situación vulnerable, sin importar si es o no derivada de la pandemia, hasta que existiera una alternativa habitacional digna. Todo mientras dure el estado de alarma. No se prohibían los desahucios como tal, pero se ampliaban las condiciones en tiempo y forma para garantizar que no se produzcan si las familias no tienen una nueva vivienda. Esa responsabilidad, sin embargo, se dejaba en manos de Comunidades y Ayuntamientos mientras que los servicios sociales serían los encargados de evaluar que existe vulnerabilidad. En el caso concreto de los grandes tenedores -diez o más viviendas- el acuerdo contemplaba tres meses para encontrar esa alternativa antes de que el juez ejecute el lanzamiento.

El pasado 26 de noviembre, el vicepresidente Iglesias puso como objetivo la aprobación de una nueva medida antidesahucios en un plazo de 15 días que se cumplen esta semana. Pero al margen de este nuevo capítulo de diferencias, sigue en el aire la posibilidad de prohibir también los cortes de suministros, otra de las exigencias de Unidas Podemos que ya se planteaba en la enmienda a los presupuestos presentada junto a ERC y BIldu pero sin el visto bueno de su socio en el Gobierno. Este asunto sigue en negociación, en manos del Ministerio para la Transición Ecológica, aunque, en el caso de que se concrete, podría incluirse en otro decreto.