Política

Montero anuncia una "disposición" para garantizar el suministro eléctrico pero Podemos niega que haya acuerdo

El debate interno en el Ejecutivo sobre el decreto antidesahucios continua

La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / EUROPA PRESS/O.CAÑAS.POOL EUROPA PRESS

Madrid

El debate interno en el Ejecutivo sobre la posibilidad de prohibir los cortes de suministros a personas vulnerables durante el el estado de alarma continua. Y lejos de quedar cerrado, este martes se han evidenciado las distintas, y a priori contrapuestas, posiciones. Por un lado la versión del ministerio para la Transición Ecológica, en manos del PSOE, y encargado de abordar este asunto. Hoy la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero anunciaba oficialmente, tras el Consejo de ministros, que ese departamento trasladará una “disposición adicional”, en un decreto o bien algunas de las próximas leyes, para prohibir esos cortes. En concreto, según detallaba Montero, se trataría de una “garantía de suministro de energía eléctrica” para estos usuarios. Los servicios sociales serán los encargados de reconocer la condición de vulnerabilidad y, según la portavoz, se ampliará también a aquellas personas que no sean beneficiarias del bono social. Fuentes socialistas del Gobierno remarcan que buscan un “sistema a prueba de reclamaciones” y confirman que estaban negociando ya con ayuntamientos y energéticas para ampliarlo a gas y agua. Por eso ha sorprendido la denuncia, “sin fundamento” subrayan, de Podemos, asegurando que “ni siquiera han querido participar en las reuniones”.

Pero en el lado morado del Gobierno rechazan este anuncio. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que en estos momentos “no hay acuerdo con respecto al corte de suministros”. Los de Iglesias afirman no conocer la disposición: “El texto circulado a los medios por el Ministerio de Transición Ecológica no ha sido compartido con el resto de carteras”, señalan mientras reiteran que, para ser efectiva, la medida “debe contemplar todos los tipos de suministros: luz, gas y agua” y no solo el suministro eléctrico. El socio minoritario insiste además en la necesidad proteger “a todas las personas en situación de vulnerabilidad” recordando la definición del real decreto aprobado en marzo.

Podemos acusa a Ribera de negarse a la prohibición de cortes

Fuentes de Unidas Podemos elevaban este martes la presión, antes del Consejo de ministros, por lo que aseguran es una “negativa reiterada” del Ministerio de Transición Ecológica a aprobar esa medida y proponen replicar el sistema acordado para la paralización de los desahucios. Los morados plantean obligar a las empresas energéticas “a que soliciten a los servicios sociales un informe antes de proceder al corte” con el objetivo, explican, de comprobar si la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad.

La solución propuesta replica la formulada para el decreto anti-desahucios, que no se llegan a prohibir como tal, pero sí se paralizan mientras no haya alternativa habitacional digna previa consulta a los servicios sociales, que serían los encargados de acreditar la situación de vulnerabilidad ante el juez. Unidas Podemos rebaja la pretensión inicial pero sigue considerando “imprescindible” que las grandes empresas energéticas “arrimen el hombro en plena pandemia” y se corresponsabilicen “de la garantía de los derechos humanos” al entender que obtienen beneficio “de comercializar un bien de primera necesidad” remarcan estas fuentes. Desde la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente del partido, Ione Belarra, insiste en que “en pleno invierno no podemos hablar de una vivienda digna si no garantizamos también los suministros de agua, luz y gas”.

 
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