La Fiscalía vuelve a pedir la prisión provisional para Rafael Amargo por organización criminal
La Fiscalía Provincial de Madrid cree que existen "bastantes" indicios "acreditados" contra el bailarín y su pareja de la comisión de un delito contra la salud y pertenencia a organización criminal
Rafael Amargo acude a los juzgados junto a su pareja a firmar, en Madrid, a 15 de diciembre de 2020. / Antonio Gutiérrez (EUROPA PRESS)
Madrid
La Fiscalía Provincial de Madrid insiste en pedir la revocación del auto que dejó en ibertad con cargos a Rafael Amargo y recurre en apelación ante la Audiencia Provincial la puesta en libertad provisional del artista y su pareja, ambos detenidos junto a otras dos personas en Madrid el pasado 3 de diciembre.
En su escrito, la Fiscalía pide que se revoque el auto de la juez "en el sentido de acordar en su lugar la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza de los dos investigados" por los mismos delitos de los que se le acusó en la comparecencia, uno contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal.
Tras prácticamente un año de instrucción, para la Fiscalía existen "bastantes" y "acreditados" indicios ya que ambos investigados se dedicaban "de manera permanente" y "de común acuerdo" a la distribución de sustancias estupefacientes, principalmente metanfetamina.
Seguimientos y pinchazos telefónicos
En relación a estos indicios, la Fiscalía apunta que los seguimientos comenzaron a raíz de haberse observado un aumento "significativo" de actas de aprensión de estupefacientes en la zona próxima al domicilio de Rafael Amargo y "observar un trasiego continuo de personas que entraban y salían a los pocos minutos del inmueble".
El modus operandi, según las conversaciones interceptadas por la policía judicial, pasaba por que los compradores contactaban por teléfono con una tercera persona "con la que parece estar negociando la compra de un kilogramo de metanfetamina hablando de precios, cantidades y calidades diciendo que es para un productor de teatro". Por ello, la Fiscalía concluye que ambos actuaban de manera "conjunta" y "adquiriendo las sustancias de común acuerdo para luego repartirlas entre ellos y venderlas a terceros".
Además, recuerda que las sustancias intervenidas exceden los 30 gramos y por tanto la cantidad y límite fijado por la jurisprudencia.
