El Canal de Isabel II destruyó documentos de la adjudicación de una depuradora que sirvió para financiar al PP

Madrid

El juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ya dispone de la respuesta del madrileño Canal de Isabel II, respecto a la adjudicación bajo sospecha en 2008, de una depuradora de aguas residuales a la empresa Degremont, que supuestamente abonó a cambio al PP un total de 85.000 euros en negro.

El Canal ha remitido el pliego de cláusulas del contrato, la oferta de la empresa, las actas de la mesa de contratación y el informe de valoración de ofertas, así como la resolución de la adjudicación, pero no ha encontrado una documentación relevante contenida en el "sobre C" respecto a las referencias técnicas del proyecto.

Sobre C

El organismo público dependiente de la Comunidad de Madrid explica que este "sobre C" contenía "documentación en papel" como la memoria de la organización general del servicio, la organización de la operación y el mantenimiento, las mejoras del proyecto a cargo del Canal de Isabel II o el equipo humano y la acreditación del sistema de calidad, pero en su respuesta al juzgado dice que "se habrá destruido hace años pasado un tiempo prudencial al terminarse el contrato".

El Canal de Isabel II remite también distinta documentación que ha encontrado al revisar el procedimiento y que no había sido solicitada por el juzgado.

Participación de Ildefonso de Miguel

Además, esta institución certifica que su exgerente, Ildefonso de Miguel, quien supuestamente favoreció esta adjudicación ilícita por orden de la dirección financiera del PP, participó en la contratación. De Miguel aprobó el pliego de cláusulas administrativas, la convocatoria de la licitación, y redactó diversas notas informativas e internas sobre la adjudicación dirigidas al Consejo de Gobierno y al director gerente.

Por otra parte, otro de los empresarios que confesó el pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones, Alfonso García Pozuelo, ha recurrido la diligencia del juzgado, que pretende averiguar la legalidad de las adjudicaciones de casi 600 millones de euros recibidas por su empresa, tanto en solitario como en asociación con otras presuntas donantes al PP, durante la etapa de Aznar al frente del Gobierno.

García Pozuelo argumenta que las donaciones sumadas por todas las empresas aludidas que figuran en la contabilidad paralela redactada por Bárcenas, solo sumarían el 0.3 por ciento de la totalidad de los contratos.