Miércoles, 03 de Marzo de 2021

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Anticorrupción se querella por las 'camas fantasma' del Hospital Puerta de Hierro

La Fiscalía acusa a Elena de Mingo, ex alto cargo de Sanidad en el gobierno de Aguirre, de cometer las irregularidades

La SER desveló en 2017 que la Comunidad llevaba 9 años pagando por 135 camas que no existen

Los reyes de España Juan Carlos y Sofia, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (5d); la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado (2d); el vicepresidente de la CAM, Ignacio González (d) y el consejero de Sanidad, Juan José Güemes (7d), en el acto de inauguración del hospital universitario Puerta de Hierro, ubicado en el municipio de Majadahonda en septiembre de 2008

Los reyes de España Juan Carlos y Sofia, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (5d); la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado (2d); el vicepresidente de la CAM, Ignacio González (d) y el consejero de Sanidad, Juan José Güemes (7d), en el acto de inauguración del hospital universitario Puerta de Hierro, ubicado en el municipio de Majadahonda en septiembre de 2008 / EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido querellarse contra Elena de Mingo, exalto cargo de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por un agujero de diez millones de euros en irregularidades del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en torno a unas camas desvelado en 2017 por Radio Madrid. De Mingo era directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios cuando el consejero del ramo era Juan José Güemes y la presidenta de la Comunidad era Esperanza Aguirre.

Según ha informado el Ministerio Público este viernes en un comunicado, el caso ha sido asumido por el juzgado 53 de Madrid y detrás podría haber un "menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros". 

Explica el comunicado que la concesión de las obras se otorgó en 2005 a Dragados, Bovis Lend y Sufi pero que sufrió una modificación irregular tres años más tarde. Una modificación según la cual 135 habitaciones del complejo hospitalario pasaron de ser dobles a ser individuales: para conseguirlo, modificaron el contrato "prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas".

Según la Fiscalía, el "sustento habilitante justificativo" del acuerdo era una resolución de la Dirección General hecha a requerimiento de la propia Esperanza Aguirre pero "tal y como se ha comprobado a través de los oportunos requerimientos efectuados por el Ministerio Fiscal a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no existió" ese requerimiento de Aguirre.

El caso de las camas fantasma

El caso fue desvelado por Teresa Rubio en Radio Madrid hace ahora tres años y cuyo origen se remonta a la inauguración del hospital: la Comunidad de Madrid estuvo pagando durante casi una década por 135 camas fuera de servicio. Fue poco antes de la apertura del centro cuando estas hapitaciones dobles fueron transformadas en individuales y todas esas camas sustituidas por sillones de acompañantes: los cambios nunca fueron aprobados formalmente pero sí convalidados por el Consejo de Gobierno que presidía Esperanza Aguirre.

Ignacio González, los reyes, Esperanza Aguirre y Juan José Güemes durante la inauguración del centro / EFE

La Comisión Jurídica Asesora de la administración regional llegó a elaborar un informe a petición de la Consejería de Sanidad casi una década más tarde, apuntando a estas irregularidades y concluyendo que no se podía reclamar el dinero al haber pasado demasiado tiempo.

Ahora es la Fiscalía Anticorrupción la que afirma que esta reducción fue una "ilegalidad radical" ejecutada "eludiendo cualquier procedimiento administrativo" y añadiendo que "al día de la fecha no existe una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros".

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