Jueves, 16 de Septiembre de 2021

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Números información telefónica

El Ministerio de Consumo prohíbe los '902' en la atención al cliente "por abusivos"

Los sobrecostes en las llamadas para hacer consultas a las empresas de servicios básicos empezarán a desaparecer

El ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón interviene en rueda de prensa después de una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona

El ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón interviene en rueda de prensa después de una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona / Kike Rincón (Europa Press)

Los sobrecostes en las llamadas para hacer consultas a las empresas de servicios básicos empezarán a desaparecer a partir de este martes. El Consejo de Ministros aprueba hoy un Real Decreto-Ley que modifica la ‘Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios’ para poner fin a los ‘902’ como teléfonos en la atención al cliente. El ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, ya había adelantado hace unos meses sus intenciones y este martes acaba con una práctica que entendían como abusiva.

Con este cambio, los servicios telefónicos de las empresas que prestan servicios básicos de interés general tendrán que disponer de un número gratuito para que los usuarios realicen sus consultas sin tener que pagar el sobrecoste que generan estas líneas de tarificación adicional. Un amplio panorama de compañías entre las que se encuentran aquellas que prestan suministros fundamentales como el agua, el gas o la electricidad, pero también otros más específicos como los financieros, seguros, postales, transportes, salud, saneamiento o residuos.

Además, el resto de empresas deberá contar siempre con un número de teléfono fijo o móvil de atención al cliente. Se trata de líneas que suelen estar incluidas en las tarifas planas que ofrecen las compañías y que por tanto no tendrían un coste extra.

Una práctica "abusiva"

En el departamento de Alberto Garzón entendían que era necesario acabar con estos números por “abusivos” pero también por suponer una barrera para las rentas más bajas. Una medida que consideran de justicia social y que sigue la estela de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en 2017 declaraba ilegales estos servicios al interpretar que no deben exceder el precio de una llamada estándar. El ministerio de Consumo ya había adelantado en septiembre sus intenciones y tras el pertinente proceso de consulta pública con la ciudadanía y las asociaciones, plasman sus intenciones en el Consejo de ministros.

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