La Audiencia Nacional investiga la venta de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña
La jueza María Tardón pone en manos de la UDEF una querella que acusa a los empresarios de poner la empresa en manos de sociedades pantalla para evitar salvar los puestos de trabajo
La jueza recuerda que, por lo social, la Justicia gallega anuló más de 500 despidos en San Cibrao por "mala fe"
El presidente del Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, lanza una volandera al cielo para celebrar la anulación del TSXG del ERE de la empresa, en Cervo, A Mariña, Lugo, Galicia / Carlos Castro - Europa Press (EUROPA PRESS)
Madrid
La Audiencia Nacional ha decidido abrir una investigación penal en torno a la venta de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña. La jueza María Tardón ha puesto el caso en manos de la UDEF después de recibir una querella de la Confederación de Cuadros Profesionales que acusa de cinco delitos, entre otros, a los compradores de las plantas por maniobrar de forma ilícita para no salvar los puestos de trabajo de casi 700 personas.
Más información
La venta de las plantas de A Coruña y Avilés de Alcoa al fondo de inversión suizo Parter Capital se anunció en el verano de 2019, vendiendo ambas fábricas de aluminio por un precio simbólico inferior a un euro y ofreciéndose a inyectar cien millones de euros para mantener durante dos años los 688 puestos de trabajo. Después Parter revendió estos activos al grupo industrial Riesgo.
Fue poco después de la venta cuando, según la querella que admite a trámite la jueza María Tardón, empezaron las maniobras. Alcoa redujo drásticamente su capital social, cambió de administrador y denominación social con movimientos también en System Capital Management y sus socios terminando con la venta al grupo Riesgo. Los socios de la empresa que finalmente gestionó todo, denuncia la querella, no tenía capacidad para hacerlo y ese era el plan desde el principio.
Según la querella, estas maniobras "han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el Plan de Negocios, ni el del pago de los salarios de los trabajadores, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo". Esto también habría eximido a Alcoa de realizar la inversión a la que se había comprometido.
La magistrada ha decidido poner la causa en manos de la UDEF dada "la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella respecto de algunos elementos que resultan esenciales", ordenando investigar las sociedades mencionadas en la querella y quién está realmente detrás de los compradores de las dos fábricas.
Los despidos anulados
Un trabajador de Alcoa San Cibrao celebra la anulación del TSXG del ERE de la empresa y besa a su pareja, en Cervo / Carlos Castro
Un trabajador de Alcoa San Cibrao celebra la anulación del TSXG del ERE de la empresa y besa a su pareja, en Cervo / Carlos Castro
La jueza recuerda en su auto cómo la jurisdicción social ya ha declarado probada la mala fe de Alcoa en los más de 500 despidos anulados recientemente en la planta gallega de San Cibrao. "Se dictó sentencia declarando su nulidad y condenando a la mercantil a la reincorporación de los trabajadores afectados (524) a su puesto de trabajo, al entender que la empresa actuó con mala fe en las negociaciones, -en un proceso paralelo y similar al seguido en las dos factorías a las que afecta la presente querella- y que el fin único que la guiaba era el de apagar las cubas electrolíticas para cerrar la fábrica de la manera más rentable posible".
Recuerda también la magistrada del juzgado 3 de la Audiencia Nacional que en el caso de la fábrica lucense "los diálogos de ALCOA con una empresa para vender la planta “permiten sospechar de la existencia de una decisión estratégica”, y que la misma entró en la negociación “con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo de no llegar a un acuerdo final".
