El Supremo pregunta a Fiscalía si debe investigar al emérito a raíz de la querella presentada por IU

Madrid

La sala de lo penal del Tribunal Supremo quiere conocer la opinión de la Fiscalia sobre su competencia y contenido, antes de admitir a trámite la ampliación de la querella presentada por Izquierda Unida contra el rey Juan Carlos tras la regularización fiscal que presentó ante Hacienda por los "nuevos hechos que se han ido conociendo en los últimos meses", como las investigaciones abiertas por la Fiscalía del alto tribunal o las cuentas suizas vinculadas a dos fundaciones.

Izquierda Unida ha informado que el Tribunal Supremo (TS) les ha comunicado que da traslado de su querella contra el Rey emérito a la Fiscalía para que ésta informe "sobre su competencia y contenido" antes de decidir si abre o no causa penal contra el monarca.

Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE), y al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, presentaron a mediados de diciembre ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una ampliación de su querella contra Juan Carlos I, tras la regularización fiscal que presentó ante Hacienda y los "nuevos hechos que se han ido conociendo en los últimos meses", como las investigaciones abiertas por la Fiscalía del alto tribunal o las cuentas suizas vinculadas a dos fundaciones.El supremo exigió a los querellantes una fianza por importe de 12.000 €" que para el ejercicio de la acción popular y la sala penal ha verificado el recibo de ese importe para ejercitar la acusación.

13 delitos

Desde IU siguen pendientes de si el alto tribunal decide resolver favorablemente sobre la reapertura o no de la causa especial 21092/2018 derivada de la querella que presentaron en 2018 y que fue inadmitida de plano. Entonces, iban contra el exjefe del Estado y otras personas por la supuesta comisión de 13 delitos, entre ellos un delito de cohecho.

Según el comunicado de Izquierda unida , existen evidentes "indicios de actividades ilícitas relatados y documentados en ordinales anteriores que como mínimo se remontan al año 2002, siendo las conductas descritas durante todo este iter temporal concatenadas las unas con las otras, teniendo como nexo de unión la conducta de Juan Carlos de Borbón a la hora de recibir pagos o dádivas por parte de países extranjeros sin que se haya dado cuenta durante todo este tiempo a la Hacienda Pública española de la percepción de estos pagos ni de la existencia de cuentas, inversiones o instrumentos financieros en las que se han ido depositando millonarias cantidades de dinero".

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Grupo criminal

Y añaden que los hechos recogidos se corresponden a 13 delitos –siete de ellos vinculados directamente con el ex jefe del Estado–, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

Corinna y otros

La querella inicial está dirigida, además de contra el emérito, contra su examiga Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón.

La reciente ampliación completa los nombres con los del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas.

Nuevos datos

Según explica IU, en el escrito de ampliación se han incorporado los casos conocidos en las últimas semanas, desde la regularización fiscal que Juan Carlos I presentó ante la Agencia Tributaria al uso de fondos del empresario Sanginés-Krause a través de un testaferro para pagar distintas actividades tanto suyas como de su entorno familiar, pasando por el movimiento de capitales a través de paraísos fiscales. "De la lectura de la presente ampliación de querella –señalan PCE e IU en su escrito–, y puesta en correlación con la inicial querella presentada en diciembre de 2018, se desprende una larga continuidad temporal en la conducta de los querellados y, en particular, del ex jefe del Estado, conducta que aparece dilatada ya en el tiempo".