Sábado, 16 de Enero de 2021

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El Constitucional da la razón a una madre para que su hija lleve primero su apellido

La sentencia recuerda que "no deben prevalecer las pretensiones de los progenitores sino el beneficio del menor"

Fachada del Tribunal Constitucional.

Fachada del Tribunal Constitucional. / EFE

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de amparo "por falta de motivación" presentado por una mujer contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, confirmada por el Tribunal Supremo, que le negó el que su hija pudiera llevar su apellido en primer lugar.

El Tribunal de Garantías ordena a la Audiencia de Madrid dictar una nueva sentencia en la que se justifique el beneficio que puede suponer la alteración de los apellidos para la menor.

El TC entiende que se ha vulnerado el derecho de la mujer a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la propia imagen y a la protección integral de los hijos porque las sentencias anteriores no resolvieron "la cuestión de fondo planteada relativa al orden de los apellidos de la menor", ni se ponderó "especialmente su mayor beneficio, teniendo en cuenta que el derecho al nombre integra su personalidad".

Rectificación del Registro Civil

La sentencia, redactada por la magistrada Encarnación Roca, relata que la demandante de amparo interpuso una demanda de determinación de filiación paterna no matrimonial de su hija, menor de edad, contra su pareja, solicitando prueba de paternidad y que los apellidos de la niña fueran primero el del padre y segundo el de la madre. Asimismo, solicitó que se rectificara el Registro Civil en el sentido expuesto.

El demandado accedió a las pretensiones solicitadas, si bien, el día de la vista ante un juzgado de primera instancia de Móstoles, la mujer cambió la petición inicial y solicitó que los apellidos de la menor fueran primero el de la madre y después el del padre, a los que éste se opuso al considerarla extemporánea.

Importa el menor

El Tribunal Constitucional recuerda que en cualquier procedimiento de familia en el que se examinan cuestiones que afectan a bienes o derechos de los menores son normas de orden público, por lo que "no deben prevalecer las pretensiones de los progenitores sino exclusivamente el real beneficio del hijo menor".

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