El Tribunal de Cuentas fiscalizará la gestión COVID-19 del Gobierno y las comunidades

Madrid

El Tribunal de Cuentas ha aprobado en su último pleno de 2020, celebrado el pasado 22 de dciembre, el Programa de fiscalizaciones para 2021 que incluye un total de 110 actuaciones. Entre ellas, ha dado luz verde con carácter “prioritario”, y tras un amplio debate interno de los consejeros en pleno, a toda una serie de iniciativas de fiscalización vinculadas a la crisis sanitaria de la pandemia y el gasto del sector público en los contratos vinculados a la COVID-19.

Según recoge el informe, al que ha tenido acceso la Cadena SER, "como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se ha considerado prioritario incluir en el Programa para 2021, entre las nuevas iniciativas, numerosas fiscalizaciones específicas de dicha actividad en todos los subsectores públicos, relativas a medidas adoptadas en el estado de alarma y a las de reestructuración económica aplicadas con posterioridad" señala.

En este sentido, "el Tribunal impulsa el proceso de actuación del control externo ante la crisis, que necesariamente habrá de continuar y completarse en futuros Programas. Y ello, con criterio realista en cuanto al número de fiscalizaciones que se van a abordar con los recursos de que se dispone y sin dejar de atender a otras áreas prioritarias de riesgo" concluye.

Las principales propuestas e iniciativas para 2021 vinculadas a las medidas adoptadas durante el estado de alarma y la restructuración económica son:

1 Residencias de mayores Los consejeros han aprobado fiscalizar la polémica gestión de las residencias, en concreto, "la gestión realizada por las Administraciones Públicas, cada una en el desarrollo de sus competencias, respecto de los Centros Residenciales de Mayores".

2 ERTE del ministerio de Trabajo En el mismo paquete de fiscalizaciones de las residencias, es decir, por su impacto social, se investigará “la gestión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tramitados durante la crisis”.

3 Contratos de emergencia firmados en 2020 para la gestión Covid-19 del Gobierno, empresas y entidades públicas, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes. En particular, el Tribunal pondrá el foco en las Áreas políticas y económicas, como son los ministerios de Política Territorial y Función Pública, Hacienda, Transporte, Industria, Agricultura o Asuntos Económicos y Transformación Digital.

4 Fondos estructurales Los consejeros examinarán el grado de ejecución de los fondos estructurales y de inversión.

5 Sistemas de Sanidad Los sistemas de información de Sanidad y Salud Pública

6 Ayudas públicas Sobre todo las ayudas a entidades que realicen inversiones para la fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección personal y productos considerados de emergencia por el Gobierno en relación con el COVID-19.

7 Teletrabajo La implementación del teletrabajo en la administración pública también está incluido

8 Ayudas al Turismo La planificación y ejecución de las medidas previstas en el plan de impulso del sector turístico.

9 Líneas ICO En cuanto al sector público estatal el programa se completa con las fiscalizaciones de los avales del Estado por medio de las líneas ICO para haceer frente al impacto económico y social del COVID-19, además del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).

10 Instituto Carlos III Las subvenciones concedidas por el Instituto Carlos III para financiar proyectos y programas de investigación del virus SARS-CoV-2

La fusión bancaria también será fiscalizada

El Tribunal ha dado luz verde además a la “fiscalización de las actuaciones del FROB y del Banco de España en la fusión entre Caixabank y Bankia y de la situación del proceso de restructuración bancaria a 31 de diciembre de 2021” aunque en este caso, está prevista para 2022.

Las fiscalizaciones durante el periodo de mayor confinamiento en 2020, según fuentes consultadas por la SER, no evitan que se hayan producido desmanes o corruptelas pero sí podría detertarlas. Si un cargo público ha aprovachado la modalidad del contrato de urgencia para gastos ajenos a la emergencia sanitaria, son contratos susceptibles de irregularidad y futura judicialización.