El juez del 'caso Neurona' archiva la pieza sobre las obras de la sede de Podemos
En el mismo auto acuerda el sobreseimiento por el supuesto acceso al disco duro de la abogada Marta Casas, denunciado por Calvente
El juez mantiene al partido imputado por los contratos con Neurona, como pidió la Fiscalía
Con esta ya son cuatro las líneas de investigación sobreseídas en la causa
Madrid
En un nuevo auto, a fecha 12 de enero, el juez Juan José Escalonilla que investiga la presunta financiación irregular de Podemos da carpetazo a otra de las líneas de investigación en la causa que acumula la batería de denuncias del exabogado de la formación morada, José Manuel Calvente. En este caso se trata de las obras de rehabilitación del edificio de la sede de Podemos cuyo precio inicial de valoración fue 649.939 euros y finalmente se adjudicó por 1,3 millones de euros en 2019.
El titular del Juzgado 42 de Madrid quería averiguar si "tal aumento del precio pudiera encubrir pagos ajenos a las obras adjudicadas". Tras ordenar una batería de diligencias, informes y declaraciones testificales, concluye que no hubo una "distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio, para pagos u obras ajenas a las propias de dicha rehabilitación" y acuerda el sobreseimiento provisional respecto del delito de apropiación indebida.
Traslado al Ayuntamiento
Para el juez, la diferencia entre la valoración y el precio de ejecución final no implica ninguna desviación de dinero, como denunciaba Calvente, pero entiende que se hizo para "pagar un importe inferior por el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras". Por este motivo, pide dar traslado al Ayuntamiento de Madrid del informe presentado por el arquitecto de las obras, M.G.C, presentado el pasado noviembre de 2020, por si procediera realizar por parte del Ayuntamiento una liquidación final del ICO conforme al valor real de la obra".
En el auto, Escalonilla da por acreditado que "no existió una licitación pública real de las obras de rehabilitación" si no una "contratación directa" a seis mercantiles, a cuyos responsables tomó declaración, lo que vulnera la "Ley Oorgánica sobre financiación de partidos".
Cuarto archivo
Otra de las manifestaciones de Calvente admitidas por el juez fue la acusación de "un presunto acceso no autorizado al disco duro de la abogada del Podemos, Marta Flor" por parte del partido. En este caso, señalaba al secretario de Comunicación, Juanma del Olmo, junto al diputado Alberto Rodríguez y dos empleados de una empresa informática Virtua Sistemas Inteligentes S.L "accedieron y clonaron el disco" vulnerando los protocolos de seguridad y confidencialidad del partido.
Según Calvente, la intención era encontrar en el ordenador de la abogada material comprometedor del propio Alberto Rodríguez u otro miembro de Podemos con el fin de chantajearles en el futuro, "así como descubrir los expedientes judiciales tramitados por el Equipo Legal del partido". En este caso, presentó una factura que supuestamente encubría "la clonación del disco duro" y dado que la abogada Marta Flor no denunció inguno de estos hechos, queda también archivado en el mismo auto.
Imputado por el 'caso Neurona'
En otro auto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el juez mantiene al partido como imputado, como apuntó el criterio de la Fiscalía de Madrid, e insiste en que existen "indicios de la distracción de dinero de la cuenta electoral designada por dicho partido para las elecciones de abril de 2019 para un fin distinto al propio de dicha cuenta electoral, que era el pago de los gastos electorales".
El juez cree que el contrato de la formación con la consultora Neurona es "simulado, en cuanto que no obedeció a prestación de servicio alguno pro parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por dicha formación política en base a dicho contrato a una sociedad mexicana, concretamente a Creative Advice Interactive, vinculada con la sociedad Neurona Consulting".
En este sentido, la formación entregó al juez unos 1.400 archivos y contenidos que habría realizado la consultora para las elecciones de abril de 2019. Los contratos ascienden a un total de 363.000 euros, auditados por el Tribunal de Cuentas y cuya documentación sobre estos pagos remitió al juzgado por dos presuntos delitos.
La denuncia de Calvente sobre Neurona acusaba a UP de utilizar el desvío de esos pagos a financiar a partidos políticos en el extranjero.
El juez va más allá y analiza la "cultura ética" de la formación. Según Escalonilla, la formación tenía que informar a la responsable del Cumplimiento Normatico, Mónica Carmona, de a quién elegía para hacer sus trabajos de campaña. Y concluye que es un "claro reflejo de la inexistencia dentro de dicho partido de una verdadera cultura de cumplimiento". Y haber despedido a Carmona y a Calvente, "cuando se tuvo conocimiento de las investigaciones" que estaban haciendo en el seno del partido, reflejo "de fatal de compromiso de los dirigentes con la cultura ética o cultura de cumplimiento".
El ministerio público continúa sin ver indicios de financiación irregular por parte de Unidas Podemos en los contratos con Neurona para la campaña de abril de 2019, si bien insistió en mantener la imputación por "garantías".