El adelanto del toque de queda, la última polémica entre el Gobierno y las comunidades autónomas

El debate sobre si será necesario modificar el actual estado de alarma para ampliar el horario del toque de queda contra la COVID-19 se abre paso después del anuncio de la semana pasada de Castilla y León de adelantarlo saltándose lo establecido en el decreto de estado de alarma. Cada vez hay más presión de las comunidades autónomas, y no solo de las del PP. El Tribunal Supremo empezará a estudiar este martes el recurso del Gobierno central contra la decisión de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde. Los jueces, según fuentes del alto tribunal, no tomarán mañana una decisión definitiva pero sí analizarán si el Supremo es competente y si deben pedir informes a la Junta y a la Fiscalía. Pese al recurso, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha remitido la decisión de adelantar el toque de queda más allá de lo permitido a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles, en el que espera que se pueda adoptar una medida «por consenso». La última en anunciar un endurecimiento de esta limitación de la movilidad es Castilla-La Mancha, que pide cambiar el decreto para adelantar el toque de queda y unificar horarios. Por ahora García Page lo adelanta a las 22 horas, que es el límite legal que establece el actual decreto. Según ha dicho el presidente castellano manchego, Emiliano García Page, el incremento de contagios es cada vez más preocupante y si las nuevas restricciones anunciadas hoy (además del adelanto del toque de queda, cierre de todos sus municipios y de la hostelería y grandes centros comerciales en toda la región) no surten efecto en unos días, habrá que ir a más, aunque al menos por ahora cree que no es necesario ir a un confinamiento total. La comunidad autónoma que más allá ha ido ha sido Castilla y León, que adelanta su toque de queda a las 20 horas, una decisión que el Gobierno ha recurrido porque el real decreto de estado de alarma actual establece que la hora de comienzo tiene que ser entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización entre las 05:00 y las 07:00 horas. Este lunes el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido al Gobierno que «mueva ficha» y «modifique el estado de alarma para que no haya ningún tipo de controversia jurídica» como la suscitada por la ampliación del estado de alarma a las 20:00 en esa Comunidad, cuya legalidad ha defendido. En declaraciones a Hora 14 de la Cadena SER, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que la Junta de Castilla y León no está violando la ley, solo interpretándola para aplicarla de la forma más conveniente, y ha recordado que el artículo 10 de la prórroga del estado de alarma aprobada en noviembre prevé la modulación de los horarios del toque de queda y que, de hecho, otras CCAA —como Andalucía— ya habían ampliado horarios más allá de los previsto, permitiendo la vuelta a casa hasta la 1:30. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que el Gobierno central «no tiene otra opción» que acceder a la petición de varias comunidades autónomas sobre una modificación en la hora de inicio del toque de queda, porque es algo de «sentido común». Moreno ha señalado que su Gobierno lo volverá a pedir en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará el miércoles, precisamente en Sevilla, para lo que han ofrecido como sede el Palacio de San Telmo. Moreno pide adelantar el toque de queda pero permite que el cierre perimetral por provincias que anunció el viernes no afecte a quienes vayan a esquiar a Sierra Nevada o a cazar, unas excepciones que el vicepresidente Juan Marín no ha sabido explicar en los micrófonos de la SER. El Govern balear también es partidario de que se modifique el decreto de estado de alarma para que las comunidades puedan adelantar a las 20:00 horas el inicio del toque de queda y estudiará aplicar esa medida si el Gobierno la autoriza. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Pilar Costa, ha confiado en que el Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles flexibilice la hora de inicio del toque de queda y ha recordado que prohibir estar en la calle sin causa justificada desde las ocho de la tarde coincide con el propósito de las medidas adoptadas en las islas, donde los comercios no esenciales cierran a esa hora. No obstante, Costa ha señalado que no está sobre la mesa imponer un confinamiento domiciliario que, además, será competencia del Gobierno central. El Gobierno de Murcia ha autorizado este lunes la suspensión de cualquier actividad económica, salvo la esencial, que suponga la prestación de servicios de cara al público y ha pedido cambios en el decreto de estado de alarma para dotar a la Comunidad de instrumentos legales que permitan, por ejemplo, adelantar la hora del toque de queda u ordenar confinamientos domiciliarios selectivos por pueblos o comarcas. En rueda de prensa, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha informado este lunes de los asuntos acordados por el comité de seguimiento de la covid y ha señalado que el decreto acordado entrará en vigor el miércoles y supondrá el cierre a las 20:00 horas de tiendas y centros comerciales con la idea de «vaciar las calles, lo máximo posible» a partir de las ocho de la tarde. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha hablado este lunes sobre la situación de Castilla y León. La presidenta de Madrid ha mostrado su apoyo al presidente Alfonso Fernández Mañueco y ha hecho una petición: «Si el Gobierno de España va a seguir sin actuar, lo que rogamos es que por lo menos no entre a molestar».

El adelanto del toque de queda, la última polémica entre el Gobierno y las comunidades autónomas

El Gobierno remite al Consejo Interterritorial la decisión sobre el adelanto del toque de queda, pero pide "consenso"

Castilla y León (PP), Murcia (PP), Castilla-La Mancha (PSOE), Baleares (PSOE)... son algunas de las regiones que apuestan por adelantarlo. Igea defiende en la SER que Castilla y León interpreta la ley "de acuerdo a la gravedad epidemiológica"

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