El PSOE impulsa la 'ley Zerolo' en solitario en el Congreso
Los socialistas registran sin sus socios la ley integral de igualdad de trato y no discriminación
Imagen de archivo de las fiestas del Orgullo en Madrid / Ricardo Rubio (EUROPA PRESS)
Madrid
El PSOE no quiere perder la bandera de igualdad, por mucho que ese Ministerio esté en manos de Unidas Podemos. El grupo socialista ha registrado en el Congreso este jueves la proposición de ley integral de igualdad de trato y no discriminación, la bautizada por los socialistas como ley Zerolo, un texto que actualiza los planteamientos que hace 11 años ya defendía el desaparecido dirigente del PSOE y que, según el partido mayoritario del Gobierno, se ha trabajado ampliamente con los colectivos.
Es la cuarta vez que el PSOE impulsa esta propuesta en el Congreso, aunque ahora lo hace como partido mayoritario de la coalición de Gobierno, que incluyó en su acuerdo programático la aprobación de esta ley. A pesar de ello, los socialistas lanzan en solitario su ley Zerolo, después de un año de cohabitación con los morados en el que han aflorado con claridad las diferencias entre los socios en materia de igualdad. Desde el principio, han sido especialmente significativas las discrepancias a cuenta de la Ley de Libertad Sexual.
Al margen del resto de normas que se trabajan en el Gobierno, el texto del PSOE pretende ahora sentar las bases contra la discriminación por razón de nacimiento, origen étnico, religión, orientación o expresión de género, situación socioeconómica o circunstancias personales o sociales. Regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en un amplio abanico de ámbitos de la vida política, cultural y social: empleo y trabajo, educación, atención sanitaria, servicios sociales, seguridad ciudadana, administración de justicia, el acceso a la oferta pública de bienes y servicios, vivienda, en establecimientos abiertos al público, la participación social o política y la publicidad, y medios de comunicación, internet y redes sociales, deporte e inteligencia artificial.
En este último punto está una de las novedades de la proposición que impulsa ahora el PSOE: plantean que los poderes públicos han de promover el uso de una Inteligencia Artificial “ética y confiable”, siguiendo especialmente las recomendaciones europeas.
La carga de prueba y agravantes para servidores públicos
Los socialistas proponen además la creación de un comisionado (Autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación), un organismo independiente y unipersonal, que podrá investigar de oficio o por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación. La ley regula la carga de prueba (cuando la parte acusadora o el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva) y establece sanciones que irán gradualmente desde infracciones leves hasta muy graves.
La discriminación que procede de un servidor público supondrá un agravante para la sanción, cuando el hecho sea cometido “bajo la condición de autoridad, agente de la misma, personal funcionario o empleado público de la persona infractor”.
