Miércoles, 22 de Septiembre de 2021

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Detenciones forzosas y hacinamientos en centros de aislamiento: la gestión de la COVID-19 en Formosa

Ante las denuncias y críticas que han ejercido diferentes organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, el gobierno regional ha desmentido las acusaciones y ha señalado que se trata de un campaña política de desprestigio contra su equipo

Detenciones forzosas y hacinamientos en centros de aislamiento: la gestión de la COVID-19 en Formosa.

Detenciones forzosas y hacinamientos en centros de aislamiento: la gestión de la COVID-19 en Formosa. / TWITTER

En las últimas semanas varias organizaciones como Amnistía Internacional o Human rights watch han denunciado la situación que están viviendo los habitantes de Formosa, una provincia de Argentina, donde la gestión con los enfermos de COVID-19 y sus contactos estrechos en los centros de aislamiento están vulnerando los derechos humanos.

Formosa es la provincia de Argentina menos afectada por el coronavirus, pero varios organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales han señalado que se debe a una abusiva política sanitaria por parte del gobierno regional de Gildo Insfrán, y han pedido la intervención del Gobierno Nacional.

Sin medidas mínimas de higiene, seguridad y privacidad

La polémica se ha desatado con las declaraciones de varias de las personas que han sufrido las cuarentenas excesivas y obligatorias de estos centros de aislamiento, donde han denunciado que no se cumplen las medidas mínimas de seguridad, higiene, ni privacidad. Algunos vídeos y fotografías se filtraban a través de las redes sociales, donde se podían ver las insalubres condiciones que se viven con varias personas hacinadas. Además, hace unos días unas fuertes lluvias destrozaron algunos de estos edificios.

El medio argentino La Nación compartía una de estas experiencias, la de Facundo Medina, un joven de 24 años que recibió la visita de los delegados del gobierno de Formosa a las 3:15 horas de la madrugada. Le tocaron al timbre para informarle de que era el contacto estrecho de una compañera de trabajo que había dado positivo en coronavirus, y tanto él como su familia fueron trasladados a la Escuela 19, donde fueron aislados. Según este medio, 5357 policías son los encargados de rastrear el territorio en busca de los casos, incluso a mitad de noche y de madrugada, como han denunciado sus habitantes.

En esta provincia del norte de Argentina todas aquellas personas que hayan estado en contacto con un positivo, y aunque ellos sean negativos, tienen que cumplir una cuarentena de 14, 28 o más días, ya que si alguien es ingresado y tiene COVID-19 se reinicia el conteo.  En este sentido, desde Amnistía internacional, han advertido que juntar a personas positivas, tanto leves como asintomáticas, con aquellos que no lo son terminan "exponiéndolas al contagio".

Aislamiento en un centro o correr con los gastos de un hotel

Las únicas dos alternativas que existen son el confinamiento en uno de estos centros habilitados o el aislamiento en un hotel, cuyos gastos recaen sobre los ciudadanos, algo que solo pueden permitirse quien tenga medios económicos suficientes, que suele ser una opción minoritaria en una región donde la pobreza es muy alta. Solo esta permitido el aislamiento en el hogar para personas mayores de 60 años y con patologías médicas.

La directora adjunta de Aministía Internacional, Paola García Rey, ha asegurado que desde que las denuncias comenzaron a hacerse públicas se han mejorado las condiciones higiénicas, pero el uso de espacios compartidos como baños y comedores siguen siendo deficiente y "no están dadas las condiciones sanitarias de aislamiento". Muchas personas han denunciado que ellos mismos tienen que hacerse cargo de la limpieza, y llegan a compartir estos espacios hasta 30 personas. “Frente a esta situación, la gente está desesperada. Las puertas están custodiadas por la policía, que no deja entrar ni salir a nadie”, ha explicado.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para América, también ha anunciado que desde la organización elaborarán un informe en los próximos días para demostrar si en Formosa se han producido vulneración de los derechos humanos, y ha subrayado que las denuncias recibidas son “graves, creíbles y serias”.

Ambas organizaciones ya se movilizaron contra el gobierno de Insfrán por el estricto cierre de fronteras que se saldó con la muerte de un hombre que cruzó el río nadando para poder ver a su hija. Finalmente, la Corte Suprema del país permitió la entrada pero con la condición de permanecer 14 días en los centros de aislamiento.

Insfrán culpa a la oposición de una campaña de desprestigio

Por su parte, el gobernador de Formosa desde hace 25 años, Gildo Insfrán, invitaba a través de su cuenta de Twitter a los organismos oficiales de derechos humanos a visitar la provincia y esos centros que se habían habilitado porque "no tenemos absolutamente nada que ocultar". En contraposición con las críticas, aseguraba que sentían orgullo por las medidas sanitarias que habían desplegado y apuntaba que "la oposición nacional, provincial y sus medios de comunicación afines han desplegado nuevamente una falaz campaña contra Formosa”.

El mismo día que el gobernador publicaba este tuit, lo hacía también la concejala y abogada Gabriela Neme, detenida por encabezar una protesta contra estas políticas sanitarias, un hecho que ya Aministía Internacional juzgó de "inadminisible en una democracia". En el tuit Neme compartía fotografías sobre una de las escuelas que se habían reconvertido en centro de aislamiento con la pregunta: "¿A qué punto esto se vuelve privación ilegítima de la libertad? LIBRES YA".

El Gobierno Nacional apoya las políticas de Insfrán

Ante la tensión política y social que se está viviendo en la región, este miércoles el gobierno provincial anunciaba que la región abandonaría la fase 1 en la que lleva sumida varios meses con medidas muy estrictas, para regresar a la etapa de distanciamiento social.

Sin embargo, cada vez son más las personas y los medios tanto nacionales como internacionales que ven en esta situación una violación de los derechos humanos, pero desde el Gobierno Nacional apoyan las políticas de Insfrán. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de Argentina, visitó la semana pasada estos centros, pero consideró que se trataban de una serie de hechos aislados y que “no podemos hablar de crímenes de lesa humanidad, centros clandestinos de detención o desaparición forzada”.

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