¿Dónde está el límite entre preservar la democracia y la libertad de expresión?

Una red social privada acabó fijando más el debate político en Estados Unidos que todos los medios de comunicación juntos. La situación era extrema, porque unos días antes de la sagrada ceremonia de cambio de presidencia, milicias armadas irrumpían en la sede del poder legislativo en Washington y durante varias horas camparon a sus anchas, atemorizando a figuras políticas, empleadas y visitantes. Así que Twitter consideró necesario cerrar la cuenta en su red al presidente Trump. La historia se desarrolló como cuenta este artículo de The New York Times.

Pero además de su propio valor, tenía otro: el de plantear el debate sobre cuál es el límite entre la libertad de expresión y la necesidad de una democracia de preservarse a sí misma. Y, sobretodo, quienes están facultados en una sociedad libre, en un Estado de Derecho, para tomar esas decisiones. Y en eso estamos, y vamos a seguir estando, porque dada la situación social y política, ni Europa queda exenta, ni tiene una respuesta clara.

En su último pleno, el Parlamento Europeo debatió sobre la necesidad de impulsar una legislación comunitaria para poner las cosas claras. "Aunque creo que la incitación a la violencia de Trump requería hacer algo -declaraba la vicepresidenta de la Comisión Verâ Jourová-, es momento para poner orden en los ilimitados poderes que las corporaciones digitales tienen". Pero tampoco se trata de crear un ministerio de la Verdad, se lamentaba. Así que ¿cómo resolverlo? El diputado popular español Javier Zarzalejos cree que las plataformas tecnológicas son las que están en mejor posición. Pero hay que dotarles de instrumentos legales "para que puedan llevar a cabo lo que les pedimos", impidiendo que "sea secuestrada por los extremismos presentes en esta cámara", dice el conservador refiriéndose al Europarlamento.

Un informe del propio parlamento advertía el pasado noviembre de cómo el odio en las redes se había normalizando, haciendo retroceder peligrosamente derechos fundamentales, sobretodo en sectores concretos, como el de las mujeres, las minorías sociales, etc. No sólo en las redes sociales, porque otro trabajo de la misma institución acusa a determinados perfiles políticos de acosar a medios críticos y a voces opositoras para amedrentarles.

En el debate del último pleno, la Comisión fiaba llegar a una conclusión al desarrollo de la futura Ley de Servicios Digitales. Pero a tenor de todas las amenazas existentes, como ponen de relieve estos estudios, el debate va para largo, porque la situación es mucho más compleja y es mucho lo que está en juego.