El Gobierno envía al Congreso la lista de propiedades inmatriculadas de la Iglesia durante casi dos décadas

El listado de bienes inmatriculados por la iglesia católica entre 1998 y 2015 ha estado este martes sobre la mesa del Consejo de Ministros y ya ha sido remitido al Congreso, que encargó su elaboración en 2017. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha dado conocimiento al Gobierno del listado que, tal y como señala el portal de transparencia, incluyen más de 34.000 fincas a nombre de las diócesis, la mayoría sólo con una certificación de la propia iglesia. Concretamente, Calvo ha especificado que hay un total de 34.961 bienes inmatriculados: «20.014 templos de la Iglesia Católica o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y otros 14.947 que no se relaciona con esos usos», sino con solares, terrenos, viviendas o locales. Además, la vicepresidenta ha detallado que 30.335 de esos bienes inmatriculados lo hacen en virtud de certificacion eclesiástica mientras en otros 4.626 bienes la inmatriculación consta a otro título distinto, a título «bastante insuficiente para la demostración». La iglesia católica pudo inmatricular miles de propiedades entre 1998 y 2015 gracias a una ley franquista y a la reforma posterior del Gobierno de Aznar, que permitió también inscribir templos como la Mezquita de Córdoba. Bastaba con que la propia diócesis dijera que era su titular para ponerla su nombre. La reforma de la Ley Hipotecaria en 2015 impidió que la iglesia continuara con este tipo de inmatriculaciones prácticamente sin certificación más allá de la suya. En 2017 el Congreso aprobó, gracias a una proposición no de ley del PSOE, la elaboración del listado completo de bienes inmatriculados en ese periodo (1998-2015). El Gobierno de Rajoy encargó los trabajos a los registradores de la propiedad. Casi cuatro años después, el listado llegará al Congreso, lo que hará saber con detalle cuáles son, conocer el origen de las inmatriculaciones, y se abre la puerta a posibles reclamaciones en caso de que haya conflicto en la titularidad. Calvo ha querido dejar claro que esas inmatriculaciones se han producido durante años «al amparo de una situación legal» y destaca que ahora, gracias a ese listado, «ese volumen de inmatriculaciones puede ser contestado» primero por la vía administrativa y, si procede, por la judicial. «Lo que le compete al Gobierno es ser transparente», insistía. Fuentes de la Conferencia Episcopal Española quitan importancia a la remisión de ese listado al Congreso. Consideran que lo que se va a hacer público ya es público puesto que está en los registros. Tampoco les preocupan los posibles conflictos en la titularidad: «La iglesia no quiere nada que no sea suyo». Estas fuentes recuerdan también que todos los bienes inmatriculados tuvieron, por ley, un periodo de dos años para ser reclamados y que la inmatriculación «por certificación» en el caso de la iglesia católica finalizó en 2015. Ahora las diócesis deben cumplir los mismos requisitos que el resto. Las inmatriculaciones, junto al régimen fiscal, han sido un asunto presente en las relaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la iglesia católica. Incluso se habló del tema durante la exhumación de Franco cuando, en pleno conflicto con la familia del dictador, la vicepresidenta Carmen Calvo se reunió con el Secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, en Roma.

El Gobierno envía al Congreso la lista de propiedades inmatriculadas de la Iglesia durante casi dos décadas

Se inmatricularon a favor de la Iglesia Católica un total de 34.961 fincas del 1 de enero de 1998 a 2015

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