Jueves, 25 de Febrero de 2021

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Protocolo de la Policía Nacional contra la violencia de género dentro del cuerpo

Los policías "inmersos" en un caso de violencia de género tendrán que entregar su arma de forma preventiva

Los agentes implicados no tendrán acceso al historial de su víctima y serán vigilados con un sistema de alerta

La víctima del maltrato también tendrá vetado el acceso al atestado igual que el presunto agresor

Protocolo de la Policía Nacional

Protocolo de la Policía Nacional / Cadena SER

La Policía Nacional acaba de aprobar un protocolo de actuación contra la violencia de género ante casos en los que el posible agresor o la víctima sean funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. El documento de veinte páginas al que ha tenido acceso la Cadena SER se aprobó el pasado 15 de febrero y recoge novedades importantes: se retirará el arma de forma preventiva hasta que haya resolución judicial y además el agente denunciado no podrá acceder al contenido del atestado de la víctima.

El protocolo al que ha tenido acceso la Cadena SER se aplicará para "los supuestos en los que el presento autor o la víctima, o ambos, tengan la condición de personal funcionario en situación de servicio activo de la Policía Nacional, así como el alumnado de los centros docentes dependientes de la Dirección General de la Policía con carácter supletorio en lo no previsto en su normativa específica". Según marca el documento "a nivel central se establecerá una Comisión Central de Seguimiento que tendrá carácter permanente y a nivel territorial se establecerá una Comisión Territorial de Seguimiento en cada una de las Jefaturas Superiores de Policía".

Como primera medida la Policía retirará tanto el arma reglamentaria como la personal en el mismo momento en el que un agente policial se encuentre inmerso en un caso de violencia de género y hasta que se dirima penalmente el caso en la justicia. "Cuando se tenga conocimiento de que un miembro de la Policía Nacional se encuentra inmerso en una causa de violencia de género como presunto autor y que por el nivel de riesgo detectado procede la retirada de armas como medida de protección, se ordenará la retiradas de armas reglamentarias que tuviera asignadas, informado al jefe de la plantilla quien dispondrá la adaptación de su puesto de trabajo". Además, añade el protocolo, "se consultará si dispone de armas, procediéndose conforme a la Instrucción 2/1998 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre adopción de medidas relativas a la prevención, investigación y tratamiento de la violencia contra a mujer y asistencia a la misma, a la entrega de forma voluntaria tanto del arma como de la guía de pertenencia. En caso contrario se dará cuenta inmediata a la Autoridad Judicial competente para la adopción de medidas que considere oportunas. La retirada de armas como medida preventiva se mantendrá hasta la resolución del procedimiento judicial", concluye el documento.

Protocolo de la Policía Nacional / Cadena Ser

Otro de los puntos importantes de este protocolo es que los agentes implicados no tendrán acceso al historial de su víctima y serán vigilados con un sistema de alerta. "Se restringirá el acceso a las consultas de bases de datos policiales y cualquier otro sistema público de información que pueda facilitar la localización de la afectada o cualquier otra información que pueda resultar perjudicial". Además, añade el protocolo, "si el atestado se confecciona mediante la aplicación SIDENPOL será bloqueado con el fin de que el denunciado no pueda acceder a su contenido, a instancia del instructor o del responsable de la UFAM territorial correspondiente a través del procedimiento establecido al efecto".

Para cumplir el objetivo el presunto maltratador será vigilado. "Se establecerá un sistema de alerta en el caso en que el presunto autor accediese a alguna de las bases de datos policiales de forma contraria a la deontología policial y consultase datos personales relativos a la víctima". Además, "si el presunto autor tiene asignado o desempeña un puesto de trabajo correspondiente a las Unidades de Atención a la Familia y Mujer o relacionado con víctimas de Trata de Seres Humanos, como medida cautelar será asignado a otra unidad o servicio en el que no tenga relación con víctimas de violencia de género ni trato de seres humanos". El documento también describe la pauta de actuación si se da el caso de que el supuesto autor y víctima compartan dependencias policiales en la misma comisaria de Policía. Si hay una orden de alejamiento judicial se adoptarán medidas que aseguren la separación física de ambas partes "incluyendo la movilidad".

Protocolo de la Policía Nacional / Cadena SER

Si la presunta víctima es funcionaria de la Policía Nacional la actuación se "centrará en la asistencia y protección especializada a la víctima debiendo ser informada por personal de la unidad especializada del procedimiento, de los derechos que le corresponden y de las medidas laborales a las que pueda acogerse". La víctima tampoco podrá acceder al atestado sobre su caso. "Se restringirá el acceso de la víctima al atestado confeccionado en SIDENPOL, del mismo modo indicado para el presunto agresor". Además, "si la víctima estuviese destinada en alguna de las Unidades de Atención a la de la Familia y Mujer se restringirá el acceso a su propio expediente en VioGen".

Como en el caso del presunto agresor la víctima también será vigilada para que no pueda acceder a las bases de datos que contengan datos sobre su caso. "Se establecerá un sistema de alerta para el caso de que la víctima acceda de forma contraria a la deontología policial, pudiendo incurrir en una infracción disciplinaria en la Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía".

Además la víctima tendrá derecho "a la protección de la identidad, a la asistencia psicológica, a faltas de asistencia, a reducción de jornada, al derecho de la movilidad y al derecho a la excedencia". "Las policías víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia de la misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban y si las actuaciones judiciales lo exigieran, se podrá prorrogar el periodo de seis meses por tres hasta un máximo de dieciocho, siendo computable dicho periodo a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación".

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