Rato denuncia la vulneración de sus derechos por trasladar a las partes documentación personal

Madrid

La defensa de Rodrigo Rato ha presentado un escrito ante el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, donde reprocha que el pasado 19 de enero de 2021 se ha facilitado a las partes personadas en la causa una copia de la documentación aportada por la UCO y la ONIF que contenía numerosa información personal ajena a la causa.

El exministro exige que se le devuelva la documentación y la nulidad del traslado efectuado de los dispositivos de almacenamiento masivo sin filtrar. Según Rato, los documentos facilitados contienen conversaciones privadas de WhatsApp, información personal, correos electrónicos, contactos de su agenda, información sobre sus contraseñas, mensajes SMS, entre otros. Y en este sentido, "se ha proporcionado a 50 personas extractos de conversaciones de mi principal con sus hijos" dice la defensa.

El escrito recoge que se ha dado traslado a las partes de esa documentación obviando sus anteriores peticiones de proteger la información que afecta a su esfera privada y cuyo "traslado a las partes vulnera de forma frontal su derecho a la intimidad personal y familiar", señala.

"El espírito que subyacia en el auto de 19 de noviembre de 2020 era totalmente acertado. Solicitar a las Unidades de Auxilio aquella documentación que han utilizado para la confección de sus informes con el objeto de determinar qué información podría formar parte del acervo probatorio y ser compartido con las partes, vistas las tremendas dificultades que plantean los dos Terabytes de documentación incautada".

Finalmente, se entregó copia integra de sus dispositivos de almacenamiento masivo, continúa, que afecta a sus derechos constitucionales. Dicho lo cual, exige "la devolución inmediata de dicha documentación por las partes con apercibimiento de la prohibición de realizar ni conservar copias". 

Rato también se queja del criterio que se siguió en la incautación de esa documentación, en noviembre de 2016, cuando funcionarios de Hacienda llevaron a cabo un registro en su domicilio y se incautaron de 28 cajas de documentación.