Manuel Morocho: el policía que resistió a las cloacas

Madrid

Manuel Morocho Tapia es el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, cuyo número 81.067 figura al pie de "los más decisivos" informes que han sido la base de las condenas en el caso Gürtel, que el agente investiga desde 2007, y para que el Tribunal Supremo haya certificado que existió una caja b en el Partido Popular, tal y como atestiguan a la SER los distintos órganos jurisdiccionales bajo cuyas órdenes ha actuado. Este jueves comparecía en la comisión parlamentaria que investiga la operación Kitchen y sus respuestas a los portavoces del Congreso fueron reveladoras.

"El objetivo era sacarme" de la caja b para "calmar" al PP

Expuso que en 2014, en plena investigación sobre la caja b del PP, las supuestas donaciones de empresarios en negro a la formación conservadora a cambio de obra pública y la evasión de capitales del extesorero Luis Bárcenas, fue trasladado desde su oficina en la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa dirigida por el supuesto jefe de la policía política de Interior, Eugenio Pino.

El "objetivo", según dijo Morocho, era "sacarme de la unidad" y "trasladar a los órganos superiores del Ministerio de Interior" de Jorge Fernández Díaz, que "ya no trabajaba en la UDEF para calmarles", porque estaban preocupados por sus investigaciones sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Fue un traslado para apartarle de la investigación de la caja b del PP con la intención de que fracasaran las pesquisas.

Pero como Manuel Morocho estaba comisionado como policía judicial por el juez de la Audiencia Nacional que instruía la causa, Pablo Ruz, debía continuar por ley trabajando para el juzgado. Tuvo que "compatibilizar" ambos puestos y entonces comenzaron las múltiples "barreras" y la "sobrecarga de trabajo", admitió Morocho, para "apartarme de la pieza separada" que analizaba la contabilidad paralela del PP. "Sobrecarga" con la elaboración de informes inútiles o con otros "apócrifos" para los que se pretendía que estampara su firma con el objetivo de blanquearlos con su prestigio. Una tarea a la que Morocho no accedió.

Informe PISA que carecía de "neutralidad política"

Entre esos informes "apócrifos" redactados "sin cumplir los protocolos" policiales cuya firma le reclamó sin éxito la policía política y que fueron filtrados después a distintos medios de comunicación, se encontraba el célebre documento PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S.A.).

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Morocho narró a la comisión que fue el supuesto miembro de la policía política, el imputado inspector José Ángel Fuentes Gago, quien le entregó el informe para que incluyera su firma. Pero Morocho se negó al detectar que "se introducían titulares no neutrales desde el punto de vista político". Que en el texto "se construían informaciones para construir algo más" y que fallaba en la propia base de la acusación contenida en el mismo, porque intentaba atribuir una financiación ilegal a Podemos "cuando la ley de financiación de partidos políticos no recoge a los partidos en formación". Es decir, que los supuestos hechos, indemostrables por otra parte porque procedían de "fuentes cerradas de información" a las que solo podía acudirse "con mandato judicial o fiscal si no quería infringirse la ley", eran atribuidos a un momento temporal anterior a la formación de Podemos y no le alcanzaba la ley. Ese informe fue rechazado por todos los tribunales ante los que se presentó.

Trabajo inútil e intentos de soborno

El inspector Manuel Morocho también reveló que le fue encargado el análisis de otros informes "apócrifos" sobre la familia Pujol y la elaboración de uno respecto al incremento patrimonial del comisario Villarejo, que una vez finalizado, "ni siquiera leyeron" los responsables de la DAO, que "no quisieron conocer las conclusiones". De nuevo la directriz era clara. Mantenerle ocupado con encargos inútiles en un intento de que no avanzara en la investigación sobre el PP. "Esto se parece mucho al acoso laboral", llegó a recordarle el portavoz de Cs, Edmundo Bal. También a la obstrucción a la justicia.

Cuando los intentos de quebrar al inspector mediante la sobrecarga de trabajo y obstaculizar su colaboración con la justicia fracasaron, intentaron comprarle "desde la DAO y otras personas" cuya identidad no quiso revelar, ofreciéndole hasta "tres destinos" distintos, "incluso a la carta" o para marcharse "al sector privado" donde su nómina se hubiera visto sensiblemente mejorada. La respuesta, una vez más, fue el rechazo del inspector 81.067, quien recordó a los portavoces que siempre ha querido ser fiel "al juramento de servicio público" pronunciado cuando accedió a la Policía Nacional.

Los primeros indicios de la Operación Kitchen

Manuel Morocho relató ante la comisión que los primeros indicios de una "investigación parapolicial paralela" sobre "la familia Bárcenas", aquello que más tarde se ha conocido como la operación Kitchen, los tuvo en 2013, cuando el extesorero acababa de "ingresar en prisión".

Se trataba de "elementos" que le llevaron a pensar que "había alguna acción" para que "determinados elementos indiciarios no llegaran al juzgado". "¿Qué elementos?", le interrogó el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, "me pidieron el teléfono móvil de su mujer", Rosalía Iglesias, manifestó el interpelado, o existía "una demanda cada vez mayor de información que yo pudiera tener y que afectara" al caso, e incluso "se me incitaba" para que "a través del juez" hiciera "algún tipo de pesquisa que obviamente no hice". "Había", dijo Morocho, "una preocupación constante que se me trasladaba sobre si Bárcenas tenía elementos que pudieran probar su contabilidad analítica". Precisamente aquello que la policía política intentó encontrar y destruir mediante el uso de fondos reservados: los documentos y grabaciones de Bárcenas sobre la caja b.

La policía política intentó blanquear la Kitchen en 2015

La constatación de aquellos indicios le llegó en "agosto de 2015", cuando recibe un correo electrónico de la DAO por el que es informado de que se desarrolló una investigación policial a la familia Bárcenas ajena al juzgado que se daba por concluida, poniendo los datos a su disposición.

Unos datos "sesgados" sin el alcance ni contenido que con posterioridad y tras la apertura de la causa, han sido revelados. De hecho, Morocho relató que "el 90% eran conocidos por la unidad que ya trabajaba para el juzgado, no aportaban nada e introducían datos erróneos". El agente trasladó al juzgado esa información, elaborada por los comisarios "Villarejo y Gómez Gordo", pero por su inutilidad, a la vista de que ya había sido concluida y sin saber el verdadero alcance ni el empleo de fondos reservados, no fue tenida en cuenta.

Morocho afirmó en el parlamento que la DAO "forzó el afloramiento" del caso mediante la difusión del correo electrónico con la realización de parte del operativo. Un intento de blanquear la operación por si era descubierta y venían mal dadas.

La posible implicación de la cúpula de Interior

Más allá de los miembros de la policía política Villarejo, Gómez Gordo o "Enrique García Castaño como jefe de la unidad", sobre los que Morocho se mostró convencido de que conocían el operativo, el agente dijo carecer de información sobre la implicación de los altos cargos del Ministerio del Interior. Aunque sí respondió al respecto, preguntado por la posible participación del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, mano derecha del entonces ministro Fernández Díaz, que "la investigación no es ajena a un grupo de personas porque se desarrolla sobre la pieza separada y el ámbito de actuación está vinculado a ellos".

Abandonado por el Ministerio del Interior

Las revelaciones del inspector Morocho fueron numerosas en la comisión de investigación, pero según fuentes que le conocen en profundidad "contó solo una parte" de las coacciones a las que se vio sometido y los intentos porque empeñara su prestigio e imagen aportando su firma a documentos que carecían de todo rigor y buscaban dañar a los enemigos políticos señalados. Por "lealtad institucional prefiere guardarse para sí lo más grave", apuntan las mismas fuentes.

Desde el pasado mes de mayo, el inspector 81.067 se encuentra destinado en la pirenaica localidad oscense de Canfranc, asignado a la unidad de Extranjería. Su ascenso le llevó a elegir este destino porque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no le ofreció algún otro en la lucha contra la corrupción a pesar de sus éxitos en el área. Seguirá trabajando en las piezas que aún restan de la Gürtel y la caja b, porque el actual titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, le mantiene comisionado como policía judicial en la causa y tiene su confianza como la obtuvo de todos sus predecesores, Baltasar Garzón, Ruz y José de la Mata, pero se desvinculará de esta actividad al concluir su servicio en el caso.

La UDEF, que fuera unidad de élite contra los corruptos y que llegó a contar con 8 a 9 agentes altamente cualificados, tiene hoy solo 4. Bertolt Brecht escribió que "somos testigos de la vergüenza que agobia nuestra tierra".