El abogado del Estado recurre la condena a Interior por el cese de Pérez de los Cobos

Madrid

La abogacía del Estado sostiene que el Ministerio del Interior no incurrió en desvío de poder cuando cesó al Coronel Diego Pérez de los Cobos y pide que se anule la sentencia porque incluye en los hechos probados el relato del antiguo jefe de la Comandancia de Madrid que expresó en su derecho a la última palabra. Dice el equipo jurídico del Gobierno que la ley permite que los cargos de libre designación "puedan ser revocados libremente por las autoridades para su asignación", tal y como ha ocurrido en este caso.

Añade que no es cierta la versión que da Pérez de los Cobos de que recibiera orden de la juez que investigaba la autorización de las marchas del 8-M de no compartir información con la cadena de mando. Lo hizo hasta en 4 ocasiones. Una de ellas con posterioridad a esa advertencia y todas por incidencias en el transcurso de las pesquisas, ya que según el recurso, "la obligación de guardar rigurosa reserva es perfectamente compatible con la comunicación de incidencias".

En el relato de los hechos, recuerda que fue tras la publicación del contenido de las diligencias en medios de comunicación, en concreto las que apuntaban al Ministerio de Sanidad y al director del CCAES, Fernando Simón, cuando la directora de la Guardia Civil, María Gámez, quiso saber si se habían entregado esas diligencias al juzgado. A lo que Pérez de los Cobos respondió: "Ni conocía ni debía conocer nada". Una respuesta a Gámez "después de haber informado a la cadena de mando sobre diversas incidencias de la investigación (hasta cuatro) y tan solo dos días después de que esas mismas diligencias, practicadas por la UTPJ integradas en su comandancia, se hubiese comunicado a todos los lectores del periódico digital 'El Confidencial'".

"Ni la directora de la Guardia Civil, ni el secretario de Estado de Seguridad, ni el ministro de Interior tenían interés ni realizaron ninguna actuación encaminada a indagar sobre el contenido concreto de la investigación", concluye.

La sentencia apunta a la desviación de poder, pero, dice el Gobierno, "no explica ni siquiera de manera indiciaria qué finalidad desviada se perseguía" porque aquí no se ha buscado promocionar fraudulentamente a nadie ni se ha buscado obtener información del demandante.