El ruido del ayuntamiento de Galapagar causó ansiedad e insomnio a varios vecinos

Madrid

Un empleado de la empresa encargada de gestionar los aparatos de aire acondicionado del ayuntamiento de Galapagar ha aceptado una condena de un año y nueve meses de cárcel por el ruido de la instalación que causó diversos trastornos a los vecinos que viven cerca del edificio. Ansiedad o trastornos del sueño son algunas consecuencias de la exposición contínua al ruido durante dos años, de los que el consistorio es considerado responsable civil subsidiario aunque el condenado ya ha pagado las indemnizaciones.

Los ruidos, según la sentencia de la Audiencia de Madrid a la que ha tenido acceso la Cadena SER, empezaron en 2015 cuando el ayuntamiento de esta localidad adjudicó a Eléctricas Hermanos Campos la instalación de un nuevo sistema de climatización en el nuevo edificio que estrenaba el consistorio ese verano en el municipio. La empresa asumió la gestión de la climatización durante una década y el acusado, empleado de la entonces filial Clysema, fue el encargado. 

Las primeras quejas por el ruido de la instalación llegaron poco después, en noviembre de ese mismo año. Seis quejas presentadas ante el Ayuntamiento a las que la empresa contestó la empresa sin hacer mediciones ni tomar medidas: "En ningún caso estas nuevas instalaciones perturban el descanso y la tranquilidad de los vecinos colindantes con el Ayuntamiento". No instalaron un silenciador hasta que, dos años después, agentes del SEPRONA hicieron mediciones y constataron que el ruido superaba los límites legales.

Para entonces al menos cinco vecinos padecían ya trastornos de ansiedad, insomnio y otras alteraciones del sueño, algunos de ellos tardando varios meses en estabilizar su situación. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha sellado una sentencia de conformidad en la que el responsable de la instalación ha aceptado un año y nueve meses de prisión por un delito contra el medioamiente y cinco más de lesiones además de varias multas, siendo también condenada la empresa y el ayuntamiento como responsable civil subsidiario.

Indemnizaciones pagadas

La sentencia refleja cómo el consistorio de Galapagar, dirigido cuando empezaron los ruidos por Daniel Pérez Muñoz del Partido Popular, pagó en junio de 2020 los más de 20.000 euros en indemnizaciones que podían resultar de este proceso, ya con el socialista Alberto Gómez al frente del ayuntamiento. La sentencia condena al consistorio galapagueño como responsable civil subsidiario pero ordena que se le devuelva el dinero porque los condenados ya han pagado.

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La sentencia,, que ha tenido como ponente a la magistrada María Luz Almeida llega después de una conformidad entre los acusados y el fiscal Luis Miguel Lozano y por tanto es firme. Una condena que al ser inferior a dos años de prisión no implica la entrada en prisión obligatoria del responsable de la instalación: la resolución suspende también su ejecución durante dos años, teniendo además en cuenta que ya ha pagado el dinero de las indemnizaciones.

Edificio premiado

Mientras las quejas de los vecinos eran sistemáticamente desatentidas por la empresa, el recién estrenado edificio recibió un premio por parte de la Comunidad de Madrid. Fue en junio de 2016 cuando la Dirección General de Industria del gobierno regional que dirigía entonces Cristina Cifuentes premió al consistorio por tener la mejor instalación de geotermia de la Comunidad de Madrid ese año.

El premio fue recogido por el hoy todavía concejal Ángel Camacho, que aseguró que la localidad era un "referente por su trabajo con una mayor eficiencia energética". La filial de la empresa condenada, para la que trabajaba entonces el condenado, presumía del premio en su página web: "El proyecto desarrollado por Clysema ha recibido el reconocimiento de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo de ahorro energético y eficiencia en un edificio municipal".