Medidas que extiende el Gobierno tras el estado de alarma: del escudo social al control de los pasajeros
El decreto que aprueba el Consejo de Ministros establece medidas para controlar a los pasajeros internacionales y suspende hasta el 31 de diciembre las juntas de propietarios de las comunidades, además da luz verde a la suspensión de los desahucios y los cortes de suministros hasta el 9 de agosto
Extiende la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del COVID
Madrid
No habrá prórroga de la alarma a partir del 9 de mayo, pero sí de algunas medidas que están vinculadas a su vigencia. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un amplio decreto que afecta a distintos ámbitos, la gran mayoría de carácter social, que van a ser prorrogadas tres meses más, hasta el 9 de agosto. El texto incorpora además medidas en el ámbito sanitario previstas por el Ejecutivo para controlar a los pasajeros internacionales, en plena estrategia de relanzamiento del turismo en España.
Según adelantó la Cadena SER, el decreto al que han dado luz verde los ministros este martes suspende tres meses más los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última comparecencia en el Congreso. Éste ha sido un asunto del que ha hecho bandera Unidas Podemos, que ha solicitado de forma reiterada que la paralización de los desahucios no esté sujeta a la situación de excepcionalidad de la alarma. El PSOE no está de acuerdo con que no haya limitación temporal pero, por lo pronto, el Ejecutivo prolonga la vigencia hasta el 9 de agosto, junto con la garantía de suministro de agua y energía y el bono social de la electricidad.
Se extiende además la cobertura reforzada a las mujeres víctimas de la violencia de género. La declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 llevó al Gobierno además articular medidas para garantizar su protección dado que, en aquel momento, quedaron confinadas en sus domicilios, sin poder separarse de sus agresores o potenciales agresores. La limitación de la movilidad ya no es la de entonces, pero el Ejecutivo entiende que la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales obligan mantener también hasta el 8 de agosto la consideración como "esencial" de servicios que se prestan a las víctimas, eliminando obstáculos que puedan complicar el acceso a los medios habituales de asistencia.
Se podrá contar con personal sanitario jubilado
En el ámbito sanitario, el Gobierno quiere que el sistema pueda seguir contando con profesionales que estaban ya jubilados pero que han estado prestando servicios durante la pandemia. Para facilitar que sigan en activo, el decreto da vía libre a la extensión de la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del COVID.
Y, a través del mismo decreto, el Ejecutivo va a mantener una decisión que no ha estado exenta de polémica, la suspensión de las juntas de propietarios, que se extiende hasta el 31 de diciembre.
Modificación jurisdiccional para permitir el recurso de casación
Aprovechan además, según fuentes gubernamentales, para "aclarar" los procedimientos para impugnar medidas adoptadas por las administraciones, a través de una reforma legal de lo contencioso administrativo que puede allanar el camino a las comunidades para aplicar restricciones a derechos fundamentales. Hasta ahora, no tenían más margen si un Tribunal Superior de Justicia tumbaba las propuestas de los gobiernos autonómicos (como ocurrió reiteradamente en Euskadi). Con esta reforma, las administraciones autonómicas podrán ir al Tribunal Supremo, tendrán una suerte de segunda oportunidad, al tiempo que se unificará doctrina para toda España. "Este decreto incorpora instrumentos que dan respuesta a situaciones que se puedan presentar", ha explicado Carmen Calvo en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial: "Se pueden seguir tomando muchas decisiones de protección". El Gobierno introduce en este real decreto una modificación jurisdiccional para permitir el recurso de casación a los gobiernos autonómicos con el objetivo de que puedan tomar medidas para seguir luchando contra la pandemia.
