El Supremo aumenta las condenas de la mayor red de producción de pornografía infantil en España
Los jueces aumentan las condenas de un grupo de pederastas que producían pornografía infantil masivamente
El Supremo establece que se debe imponer un delito por cada víctima y no un único delito aunque haya varias víctimas
Vídeo de la Operación Trinity
Madrid
El Tribunal Supremo ha dictado un sentencia en la que abre la puerta a que los pederastas que elaboran pornografía infantil reciban condenas mucho más altas, estableciendo que se les debe imponer un delito por cada víctima y no un único delito aunque existan varias víctimas. De esta manera los jueces aumentan las condenas de un grupo de pederastas españoles detenidos en la 'operación Trinity' de 2016 siendo la condena más alta superior a los cien años de prisión.
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El caso concreto que ha estudiado la sala de lo penal fue juzgado por la Audiencia Provincial de Tarragona: un grupo de pedófilos con antecedentes penales que ya habían sido condenados varios veces por elaborar pornografía infantil y que llevaban haciéndolo desde los años ochenta. En algunos casos contactaban con menores en situación de vulnerabilidad de la Comunidad Valenciana, Cataluña o Andalucía y en otras ocasiones incluso viajaron a Rumanía y Marruecos a buscar más víctimas.
Una pornogafía infantil que producían a través de fotos y vídeos y que después distribuían por internet, abusando sexualmente además de algunas de sus víctimas. En un primer momento fueron condenados por la Audiencia de Tarragona a condenas que alcanzaban los 57 años de prisión con la Fiscalía pidiendo condenas que superaban los mas de mil años de prisión e identificando a más de un centenar de víctimas, pero ahora el Tribunal Supremo ha multiplicado sus penas de cárcel.
En el caso de José C.S la condena asciende a 118 años y medio de prisión por medio centenar de delitos de elaboración de pornografía infantil, organización criminal y abusos sexuales, aunque establece que como máximo pasará veinte años entre rejas. En el caso de Fernando A.G la condena asciende a 59 años de prisión, en el de Martín C.A a veinte años de prisión y en el de Miguel A.F a 43 años y medio de prisión, condenas bastante más altas de las establecidas por la Justicia en primera instancia.
Tantos delitos como víctimas
El Tribunal Supremo, con el magistrado Pablo Llarena como ponente, establece en esta sentencia que si hay muchas víctimas de esta elaboración de pornogafía infantil la solución no puede ser condenar al pederasta por un único delito continuado: debe haber un delito por cada víctima. Explica la sentencia que se podría aplicar la continuidad si sucede con respecto a un mismo menor pero que hacerlo con varios "presenta una entidad autónoma y claramente diferenciada, de modo que la conducta nuevamente desplegada" sobre otro menor "introduce la capacidad de tallar el comportamiento futuro del menor de manera profunda y significativamente superior a como lo hubieran hecho las prácticas anteriores".
La resolución del Supremo abre la puerta, por tanto, a condenas mucho mayores aunque en algunos casos en la práctica no se traduce en cumplientos efectivos de condena más altos, al no tener cada delito concreto condenas elevadas. En el caso de Miguel A.F, que ha sido condenado a más de cuarenta años de cárcel, se establece un cumplimiento máximo de cuatro años y medio de prisión.
Pederastas con antecedentes
Esta red de pederastas fue desmantelada en agosto de 2016 en Tortosa en una operación conjunta de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. Según la sentencia entre 2008 y 2016 los cuatro condenados y varias personas que no han sido juzgadas elaboraron fotos y vídeos pornográficos con unos sesenta menores de edad tanto en Valencia como en Barcelona, Tortosa, Málaga e incluso en Rumanía y Marruecos, abusando sexualmente también de algunos de ellos.
Elegían a sus víctimas en barrios como El Cabanyal de Valencia donde encontraban jóvenes extranjeros en situación muy precaria que accedían a cambio de pequeñas cantidades de dinero o regalos. Varios de estos pederastas tenían antecedentes desde hace décadas: dos de ellos habían sido condenados por pornografía infantil y abusos dos veces por la Audiencia de Valencia y otro lo había sido también por parte de la Audiencia de Bizkaia.
La Justicia española no ha podido sentar en el banquillo por el momento a otros tres miembros de esta red de producción masiva de pornogafía infantil: dos franceses expertos en captar chicos de la calle para sus fotos y vídeos y un tercero que pasó de ser víctima a ser también productor. Estos tres cabecillas del grupo siguen fugados a día de hoy y los compradores de esta red fueron detenidos en otro macro operativo dos años más tarde.
Clientes, también detenidos
En junio de 2018 la Guardia Civil informó de que, tras diez meses de investigación, habían podido identificar a más de treinta presuntos clientes de esta red pedófila de pornografía infantil. Entre otros casos reseñables los investigadores destacaron el de un profesor de instituto en Málaga, un profesor de una escuela infantil de Cantabria y una librería en Catalunya.
