El informe de fiscalización de acción exterior del Govern del Tribunal de Cuentas recibió críticas internas
Dos consejeros progresistas del Tribunal de Cuentas criticaron en sus votos concurrentes la falta de tiempo para "el necesario control de calidad para elaborar el informe" sobre la acción exterior del Govern
En sus escritos denunciaron "la innecesaria urgencia en su tramitación"
Sede del Tribunal de Cuentas. / EFE
Madrid
La Cadena SER ha tenido acceso al contenido de los votos concurrentes que dos consejeros del Tribunal de Cuentas emitieron durante la elaboración del informe de fiscalización de la acción exterior del Govern durante el procés de 2011 a 2017, la fórmula que utilizan los miembros del organismo cuando discrepan de los argumentos, pero comparten la resolución. En este caso, además del voto particular de la consejera María Dolores Genaro, el informe contó con duras críticas sobre los procedimientos técnicos y el contenido.
Según recoge el acta del proyecto de elaboración del informe, ambos consejeros critican que no se les diera “el mínimo plazo" para llevar “el necesario control de calidad”. Con motivo de estas condiciones, formularon una queja y solicitaron una prórroga por parte de dos Departamentos y hubo un “rechazo sistemático” a darles más tiempo. “No se alcanza a comprender la urgencia en la tramitación” reprocha uno de los consejeros, en un informe de “la relevancia, complejidad y extensión” como el que iba a aprobarse.
“La innecesaria urgencia en su tramitación, la confusa puesta de manifiesto de los resultados de fiscalización, las deficiencias de las que adolece el trámite de alegaciones” así como los “numerosos casos de imprecisión y falta de rigor en la redacción” fueron una constante, apunta el escrito. Además de la “falta de datos” que fueron reclamados por los consejeros y “simplemente rechazados sin la debida contestación”. “Todo ello por una celeridad innecesaria, sino más bien perjudicial” para “la tramitación de este informe” apuntan.
Según su criterio, las deficiencias afectaron al procedimiento y al contenido ya que se saltaron procedimientos básicos. Por ejemplo, no hubo intención de dar trámite de alegaciones a las entidades públicas fiscalizadas, ni al Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación. La tramitación de este informe “genera incertidumbre e inseguridad jurídica” ya que no tramitar las alegaciones es contrario a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la UE.
En sendos escritos recogidos en las actas piden que se incluyan “en lo posible documentos oficiales” y “no notas de prensa”. Además, el informe también carecía de una comparativa con gastos sobre la acción exterior de otras comunidades autónomas.
En uno de los viajes fiscalizados del consejero de asuntos exteriores “es del todo impropio de un informe del Tribunal de Cuentas detallar las actividades informales de los fiscalizados, labor más propia de un atestado policial". En este caso, además de la "inconcreción de los asistentes a la comida y su relación con el objeto del informe son absolutamente inadecuados”, señalan.
En esas condiciones, “se ha impedido a los consejeros un adecuado proceso de debate, proceso que garantiza el control de calidad de los informes”. Y “la proliferación de deficiencias técnicas en el texto cuestiona la calidad del resultado final”, advierten.
Los consejeros llegaron a detallar más de 60 actividades no contables e incluso actividades dentro del “ejercicio derecho de libertad de expresión”. Un informe, en definitiva, que en términos genéricos es contrario a las normas del tribunal, llegan a decir.
