Domingo, 19 de Septiembre de 2021

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Ley de Libertad Sexual

El Gobierno aprueba el proyecto de ley del 'solo sí es sí' tras más de un año de vicisitudes

Regula el consentimiento expreso, acaba con la distinción entre abuso y violación y persigue a la industria proxeneta

El Gobierno aprueba la ley de 'sólo sí es sí' / ATLAS

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la ley del solo sí es sí, que cambiará la forma en que se juzgan los delitos sexuales, regulará el consentimiento expreso, acabará con la distinción entre abuso y violación y perseguirá a la industria proxeneta.

El Consejo de Ministros da luz verde, después de 16 meses de camino tortuoso, a una legislación que amplía el concepto de violencia sobre la mujer más allá del ámbito de la pareja y la expareja y que ha sido ampliamente demandada por el movimiento feminista, sobre todo a raíz de la violación grupal de la Manada.

Irene Montero: "El objetivo, que ninguna mujer se sienta sola"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha ausentado de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que sí ha estado la portavoz, María Jesús Montero, que ha explicado que el tema estaba suficientemente explicado y había otros temas importantes. No obstante, sí que ha subido un vídeo en su perfil de Twitter en el que ha explicado la nueva ley: "Hoy es uno de esos días en los que la política está a la altura de las demandas de la sociedad y, en concreto, las demandas feministas, las demandas de las mujeres de nuestro país. Acabamos de aprobar el Proyecto de Ley de Libertad Sexual que será muy pronto debatido en el Congreso".

"Recordamos a Nagore, a Nevenka, a Laura Luelmo, y a tantas mujeres víctimas de la violencia sexual. También los gritos feministas de 'hermana, yo sí te creo', 'no es abuso, es violación' y 'solo sí es sí'. Esta ley sitúa el consentimiento en el centro y eso significa que solo tú decides sobre tu cuerpo y tu sexualidad. Te libera de tener que demostrar que te has resistido, que hubo violencia o que te sentiste intimidada. Toda relación sexual sin consentimiento es una agresión. El objetivo es claro: que ninguna mujer se sienta sola. Con esta ley establecemos los mecanismos necesarios para el acompañamiento y para la reparación del daño causado. Creamos itinerarios específicos que incluyen Centros de atención 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual y las Casas de Infancia", ha proseguido explicando.

"Además, garantizamos una respuesta integral a todas las víctimas de violencias sexuales. Se establece el derecho a una reparación para todas ellas, que tenga en cuenta el daño físico y psicológico, así como los efectos de la agresión a nivel educativo, laboral o social. En definitiva esta ley, junto con otras políticas como el Plan Correponsables o, la recientemente aprobada Ley Trans y LGTBI no solamente significa mucho para nuestro país y permite garantizar los derechos de muchísimas personas que ahora los ven vulnerados, sino que consolidamos una nueva generación de derechos feministas. Gracias, gracias de verdad a todas las mujeres que habéis luchado para que esta ley sea hoy una realidad. A quienes habéis movilizado. A quienes habéis sufrido agresiones o habéis podido contarlo y también a las que no. A quienes habéis roto el muro de silencio. Esta ley es vuestra. Solo Sí es Sí".

"Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente"

El consentimiento expreso pasará a ser la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y se define de la siguiente manera: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Con esta reforma, afirma Igualdad, las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido; todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal.

Las trabas en el camino

El consentimiento, pilar del proyecto, fue duramente criticado por el Consejo General del Poder Judicial, que rechazó por unanimidad la redacción inicial del consentimiento expreso y cuestionó también la supresión del abuso sexual.

El Consejo Fiscal, que sí avaló el anteproyecto, sugirió a Igualdad una redacción más clara y en positivo, no en negativo, recomendación que finalmente se ha tenido en cuenta.

Finalmente, el Ejecutivo aprobará el texto tras 16 meses de vicisitudes, pues el anteproyecto salió del Consejo de Ministros en marzo de 2020, tiempo en el que se produjeron diferencias entre Igualdad y Justicia y críticas del Consejo General del Poder Judicial, que rechazó por unanimidad su redacción, si bien el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado lo respaldaron.

Agravantes: agresiones grupales

Además de actualizar la tipificación de los delitos sexuales (con un sistema progresivo y proporcional a la gravedad de los hechos delictivos y con agravantes como las agresiones grupales, la violencia grave, la especial vulnerabilidad de la víctima y el uso de armas o medios peligrosos), la ley abordará múltiples ámbitos.

Considerará como violencia sexual la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genial femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida.

Endurecimiento del Código Penal

El Gobierno aspira además a acabar con la impunidad de la industria proxeneta y para ello endurecerá el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar a quienes se lucran del alquiler de locales donde se produce explotación sexual, la llamada tercería locativa.

Y tendrá un apartado especial para los menores: contempla la creación de "casas de niños" para atender de forma especializada a los menores víctimas de violencia sexual, centros en los que se lleven a cabo todas las diligencias y tratamientos necesarios. También se establece por ley el funcionamiento de los centros de crisis 24 horas para mujeres víctimas mayores de 16 años. El Ejecutivo prevé que el texto legal comience su tramitación parlamentaria en septiembre.

Primer paso para la reforma de las pensiones

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes el anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y que persigue acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante la revisión del modelo de jubilaciones anticipadas y la introducción de mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral.

La norma, que parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y es fruto del acuerdo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, es la primera pata de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia.

La reforma, que se prevé que entre en vigor en 2022, tras su paso por las Cortes, suprimirá los aspectos más polémicos de la reforma de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

El Gobierno aprueba este martes una ley para atraer a las start-ups

El Ejecutivo llevará este martes al Consejo de Ministros una nueva ley con la que atraer a empresas de nueva creación, las conocidas como start-ups. La nueva norma incluye una sustancial rebaja fiscal para esas empresas que pagarán un Impuesto de Sociedades reducido al 15%, frente al 25% actual, durante sus primeros cuatro años de vida, siempre que sigan conservando las condiciones de nueva creación.

Además, entre las medidas fiscales con las que atraer a los emprendedores internacionales, se aprobará también una rebaja en el IRPF a los no residentes.

Acuerdo contra la temporalidad pública

El Gobierno ha acordado con los sindicatos el plan para reducir la temporalidad en el sector público y que contempla la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas por interinos desde hace más de 3 años y una indemnización de 20 días para los que no superen el concurso.

El acuerdo se ha cerrado por los tres sindicatos mayoritarios, CCOO, CSIF y UGT, tras la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas convocada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública e integrada por representantes de todas las comunidades autónomas y de los sindicatos más representativos, incluyendo a CIG y ELA.

Irene Montero: "Quiero pedir perdón a las personas trans. Este debate lo tenía que haber traído el Gobierno" / ATLAS

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