El Tribunal de Cuentas exige "más rigor" a los ministerios en los contratos de seguridad privada
En total, el organismo ha analizado contratos por un total de 128 millones de euros de 2016 a 2019 correspondientes a los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez
Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid / EFE
El Tribunal de Cuentas acaba de publicar el informe de fiscalización sobre los servicios de seguridad privada de 2016 a 2019, correspondientes a los ministerios del área económica y sus organismos dependientes, aprobado en el último pleno del mes de julio. Una auditoría que abarca los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y en los que se suscribieron 370 contratos por un total de 128 millones de euros, de los cuales el organismo ha analizado una muestra de 34 contratos.
Tras la auditoría, el Tribunal pide a los ministerios que especifiquen la necesidad, la insuficiencia de medios o el valor de los servicios que justifican las contrataciones ya que en el 37% de los expedientes analizados las justificaciones eran genéricas, en el 47% de los expedientes no se documentaron los requisitos mínimos de solvencia de las empresas de seguridad, en el 62% de las contrataciones no incluía "declaraciones precisas en los pliegos" y en el 41% no se incluye una justificación suficiente que avale la falta de medios para recurrir a la seguridad privada.
La conclusión general, señala el organismo, es que numerosos contratos no estaban justificados. En 13 expedientes no se recoge la justificación, apunta, y en otro "la fecha del documento justificativo evidencia que se elaboró como consecuencia de la petición del Tribunal de Cuentas".
En otros 13 expedientes, los ministerios no han podido justificar que los pliegos de licitación incluyeran criterios objetivos y hubieran preguntado por los "requisitos mínimos de solvencia económica, financiera, técnica o profesional" del adjudicatario. En estos casos, lo liquidaron con un "es la mejor oferta en base a la mejore relación calidad precio" y en otro caso se llegó a elaborar la documentación ad hoc para entregar al Tribunal.
Tampoco se publicaron en el BOE todos los contratos, "en ocho expedientes la especificación de los criterios de adjudicación" se publicó en el perfil del contratant pero nno llegó al boletín oficial; en otros cuatro se publicó en el BOE obviando los criterios. Irregularidades similares se han detectado en la obligación de designar un responsable de supervisión del contrato, en seis expedientes no se nombró y en otros se estableció la posibilidad pero no se concretó en el expediente.
