El juez mantiene la imputación del expresidente del BBVA por los trabajos encargados a Villarejo

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha confirmado la condición de investigado por un delito de administración desleal, al expresidente del BBVA, Francisco González, en la pieza del llamado 'caso Tándem' en la que se investigan los encargos realizados por las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo para el banco. Actividades, precisa el juez, de espionaje político empresarial.

20 imputados

Las pesquisas han revelado, hasta ahora, un total de 18 encargos, algunos sin mediar contrato por escrito, por los que el comisario se embolsó un total de 10,3 millones de euros. En esta pieza están imputadas 20 personas físicas, entre ellas el propio Villarejo, el expresidente Francisco González y otros directivos de la entidad, así como el BBVA como persona jurídica.

González utilizó presuntamente "recursos [del BBVA] para su uso exclusivamente personal". "En concreto, para valorar la adquisición de una finca a título privado", detalla el magistrado.

Recurso fallido

El magistrado rechaza el recurso de reforma que presentó Gonzalez y precisa la necesidad de tomar declaración a González por una "precisa operativa sospechosa" en relación con la valoración de la adquisición realizada de una finca a título privado.

Denuncia previa

González invocaba que no había habido ninguna denuncia previa de ofendido o perjudicado en relación con la valoración de la finca, requisito necesario, según la defensa de González, para imputar el delito de administración desleal (por utilizar los fondos del banco).

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El juez, en cambio, sostiene que "sin entrar a prejuzgar si resulta de aplicación dicho precepto, o el 252.1 que menciona en su auto recurrido (si se considerase que existe continuidad delictiva o concurso con otros delitos), la denuncia no es necesaria si el hecho afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas".

Interés general

El juez señala que al tratarse de una entidad bancaria de gran relevancia que cotiza en el IBEX-35, con una multitud de accionistas y uno de los principales bancos del país, "el riesgo reputacional de semejantes conductas sí que afecta, de modo directo, a los intereses generales de aquéllos, así como al interés general". Por todo ello, concluye que no sería precisa la existencia de una denuncia previa para investigar estos hechos.