Agentes de todos los cuerpos policiales, desde guardias civiles a policías nacionales, autonómicos y locales, han salido este sábado a la calle en Madrid para protestar contra la reforma que plantea el Gobierno de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, en una manifestación a la que se han sumado PP, Vox y Ciudadanos. Pese a las discrepancias iniciales entre sindicatos y asociaciones, finalmente todos los colectivos representativos de las fuerzas de seguridad del Estado han decidido acudir a la marcha auspiciada por Jusapol, la asociación nacida en 2018 y de la que surgieron Jupol y Jucil, las dos organizaciones actualmente con más representación en los consejos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, respectivamente. Las organizadores han pedido al Gobierno que «se escuche a los policías» y se les tenga en cuenta a la hora de realizar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, algo que, según denunciaron, «no se ha hecho». Así lo indicaron el portavoz de Jupol, Pablo Pérez, y el presidente de Jusapol, Miguel Gómez, quien han instado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a no «pisotear» sus derechos. Con las modificaciones planteadas por el Gobierno, «nos sentimos más desprotegidos de lo que estábamos anteriormente porque se pierde el principio de autoridad y se merma la capacidad operativa en la calle», han añadido. Entre los cambios previstos por el Ejecutivo, figura que deje de ser infracción grave la toma y difusión de imágenes de las fuerzas de seguridad salvo cuando esta utilización genere «cierto» peligro para los agentes. Pérez ha lamentado que con la ley «un particular va a poder difundir esas imágenes con el riesgo que va a conllevar para nuestros compañeros, como ya hemos tenido casos en Cataluña de compañeros que han tenido que irse del barrio y del domicilio donde vivían por haber sido difundidas sus imágenes». Bajo el lema «No a la inseguridad en España», la manifestación ha empezado en torno a las 11:30 horas de la Puerta del Sol, con un camión haciendo sonar su claxon que marcaba el paso de la marcha arropado por miles de personas al grito de «¡Viva la Policía Nacional!» y «¡Viva la Guardia Civil!», aunque los gritos contra Marlaska y el Gobierno de Pedro Sánchez y el «¡Viva las tanquetas!», en alusión a la tanqueta que se utilizó en las protestas del metal de Cádiz, han sido los más repetidos por los asistentes. A la protesta se han sumado, tal y como habían anunciado, los líderes del PP, Vox y Ciudadanos, Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, el alcalde de Madrid, y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha personado en la manifestación pero no ha participado en la marcha. Por parte del PP, Pablo Casado, se ha sumado al final de la marcha tras participar en un acto en León, desde el que ha mostrado su apoyo a los manifestantes comentando que «la seguridad y la justicia son las que garantizan la libertad y es algo insólito que por primera vez en democracia aquellos que se juegan la vida para protegernos se tengan que manifestar porque les dejas vendidos». De igual modo, Martínez-Almeida, ha comentado que la ley que tramita el Gobierno deja a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «prácticamente desarmados frente a todos aquellos que quieren romper nuestra convivencia». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el Gobierno obedece a “una minoría resentida” que “no puede poner en tela de juicio la seguridad de todos los españoles”. Ayuso ha lamentado que la intención de esta ley es “que queden impune actos vandálicos en la calle, que los comercios vuelvan a ser vandalizados, como hemos visto en épocas anteriores” y también mermar las herramientas y el modo de trabajar de los cuerpos de seguridad, a los que “trata de deslegitimar”. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado durante la manifestación que está en la calle «junto a los más leales y más esforzados servidores de España», en contra de «una ley aprobada por el Gobierno junto a todos los enemigos de España y el orden constitucional». Ha participado junto a la cúpula de su partido con el secretario general, Javier Ortega Smith, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, la presidenta del partido en Madrid, Rocío Monasterio y y el presidente honorífico de la formación, José Antonio Ortega Lara. Por su parte, Inés Arrimadas, que ha acudido junto a el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, y el diputado Miguel Gutiérrez, ha comentado que su formación siempre está «más con los policías que con los delincuentes» y ha denunciado «el sectarismo» del Gobierno, al que ha pedido que deje de «criminalizar» a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «Sánchez escucha más a Bildu que a la sociedad española», ha concluido. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lamentó el pasado lunes en Mérida que el PP trate de «patrimonializar» y «politizar» a las fuerzas de seguridad formadas por profesionales que han hecho de los cuerpos policiales las instituciones mejor valoradas. «Esa imagen se debe también a su neutralidad, que debería ser preservada por todos», avisó. En la protesta de este sábado, en la que se han contabilizado unos 40.000 participantes a falta de las cifras oficiales, se han repetido los reproches que los agentes lanzaron este miércoles frente a las delegaciones del Gobierno contra los cambios que PSOE y Unidas Podemos han acordado introducir en la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, vigente desde julio de 2015 y que fue aprobada con los votos del PP, que contaba con mayoría absoluta en el Congreso. Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, que se encuentra en Santander, ha sido preguntada por los periodistas por la manifestación y ha acusado a PP y Vox de «usar nuevamente los poderes del Estado» contra el Gobierno de coalición, por acudir a esta marcha. Ha defendido que la derogación de la «Ley Mordaza» era una «necesidad» y ha opinado que llega «tarde», porque «ha hecho mucho daño a la democracia y era un golpe a los derechos civiles y libertades públicas».