El Gobierno blindará por ley destinar el 0,7% de la renta nacional a ayuda al desarrollo en 2030

Madrid

El Gobierno está ultimando su nueva ley de cooperación en la que, por primera vez, blindará el compromiso de alcanzar en el año 2030 el objetivo de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Así consta en el borrador del Anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que el Ministerio de Exteriores ya ha remitido a la Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios, y que llevarán al Consejo de Ministros previsiblemente la próxima semana.

Esta nueva norma, que sustituirá la ley de cooperación de 1998, busca precisamente modernizar el sistema de cooperación y hacerlo más eficiente, con especial atención a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a nuevos retos como la emergencia climática y la brecha de género. También pretende reforzar las condiciones de trabajo del personal humanitario, por ejemplo, ampliando la cobertura de riesgos a cooperantes víctimas en conflictos bélicos, equiparándolos a los militares a la hora de recibir indemnizaciones, según el texto del borrador, al que ha tenido acceso la Cadena SER.

 La norma la ha elaborado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y cuenta con las aportaciones de la Subcomisión que se creó en el Congreso a principios de año para actualizar esta normativa. Tanto el PP como Vox se desmarcaron del informe que esta subcomisión aprobó a finales de junio, al entender que estaba "ideológicamente muy sesgado", lo que adelanta un previsible rechazo al anteproyecto del Gobierno. No obstante, el PP si apoyó después una iniciativa del PSOE para mejorar las condiciones de los cooperantes.

 Desde que comenzaron los trabajos para esta norma, el Ministerio de Exteriores ha vivido además un cambio de ministro, tras la salida de Arancha González Laya en la crisis de gobierno de julio, y el nombramiento, en su lugar, de José Manuel Albares. El nuevo ministro aseguró recientemente que esta norma supondrá una "reforma en profundidad" de la Cooperación Española tras una "década perdida".

Del 0,2% de ayuda al desarrollo en 2020 al 0,7% en 2030

 A pesar de que el objetivo del 0,7% de ayuda al desarrollo se fijó hace más de 40 años en la Asamblea de Naciones Unidas de 1970, la ley de cooperación vigente actualmente, aprobada en 1998, no recogió esa meta, que pocos países han cumplido desde entonces. Ahora, el Ejecutivo asume por ley este objetivo que, no obstante, todavía queda lejos: el 2020 el porcentaje de ayuda al desarrollo se situó en España en el 0,24.

El PSOE y Unidas Podemos se comprometieron en su acuerdo programático de coalición de enero de 2020 a llegar al 0,5% de ayuda al desarrollo antes de que acabe la legislatura, a finales de 2023. Y ahora, el Ejecutivo blinda también por ley el objetivo del 0,7% para 2030, así como el compromiso de que al menos el 10% de esos recursos se destinen a acción humanitaria.

Reforma de la AECID y de los mecanismos financieros de cooperación

Por otra parte, en su nueva iniciativa legislativa el Gobierno también contempla la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para orientarla a la gestión por objetivos y resultados, y dotarla de un nuevo organigrama funcional; y también modifica los mecanismos financieros para canalizar las ayudas.

En concreto, la reforma sustituye el Fondo para la Promoción del Desarrollo por el Fondo Español de Desarrollo Sostenible, “con instrumentos y procedimientos más flexibles y ágiles”, según el texto del anteproyecto. También se crea un nuevo consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible que reemplaza y refuerza el anterior Consejo de Cooperación al Desarrollo y se establece una Comisión de Coordinación Interministerial destinada a fortalecer la coordinación entre los distintos Departamentos, y una Conferencia Sectorial.

Contra el "vacío legal" de los cooperantes

Asimismo, se refuerza la protección de los cooperantes: cuando entre en vigor, estarán sujetos al mismo régimen de indemnizaciones que se le aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando resultan heridos o fallecen en operaciones internacionales de paz y seguridad, al igual que ya les ocurre al personal de las ONG o a los periodistas. Desde 1990 han sido asesinados 14 cooperantes españoles.

El PSOE ya denunció en octubre que existía un “vacío legal” que afectaba a los cooperantes, tras el asesinato en junio en Etiopía de la española María Hernández, que trabajaba para Médicos Sin Fronteras (MSF). Entonces los socialistas lograron aprobar en el Congreso, con el apoyo del PP, una proposición no de ley para equiparar a los cooperantes que trabajan en contextos bélicos con militares y otros miembros de la Administración a la hora de recibir ayudas o indemnizaciones. Y ahora, lo llevan a la nueva ley de Cooperación, tal y como se habían comprometido.

La reforma contempla además la actualización del Estatuto del Cooperante, se regulan las diferentes formas de voluntariado, y se blinda “el deber de cuidado” para todas las personas que trabajen en la cooperación de España, ya sean profesionales o personal voluntario. Para ello, deberán estar inscritos como cooperantes en el registro de los correspondientes Consulados, tener nacionalidad española, y residen en esa zona. Ese deber de cuidado incluye “obligaciones de información, protección y asistencia consular, y en su caso, la adopción de recomendaciones y otras medidas de apoyo a la seguridad en el terreno”.

El Sahel como nueva prioridad

Por otra parte, la norma actualiza y amplia las prioridades geográficas y temáticas de la cooperación española que ya se fijaron en la ley del 98. Entonces se señalaban como áreas de actuación preferente a los países de Iberoamérica, los países árabes del norte de África y de Oriente Medio, así como aquellos otros de menor desarrollo con los que España mantenga especiales vínculos de carácter histórico o cultural.

Ahora, en la nueva ley, se afirma que “se otorgará atención preferente a las áreas que integran la vecindad geográfica y cultural en el norte de África, Oriente Próximo y África subsahariana, en particular a los países de África Occidental y Sahel, y de habla española y portuguesa, así como a los países de América Latina y el Caribe y en el marco iberoamericano”.