Italia impondrá multas de hasta 1.500 euros a los no vacunados

Madrid

Los italianos de más de 50 años no vacunados serán multados con 100 euros y quienes intenten ir a trabajar sin haber recibido el pinchazo recibirán sanciones de entre 600 a 1.500 euros. Del mismo modo, según las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno, quienes accedan a las tiendas sin al menos presentar una prueba anti-COVID podrían pagar hasta 1.000 euros.

Estas sanciones, incluidas en el nuevo decreto ley del Consejo de Ministros de Italia, se harán efectivas a partir del 1 de febrero. Por su parte, los empleados públicos y privados tendrán que mostrar desde el 15 de febrero su certificado sanitario reforzado, que se obtiene solo cuando se está vacunado o se ha pasado la enfermedad, para acceder a sus puestos de trabajo. En caso de no tenerlo, recibirán sanciones de entre 600 y 1.500 euros.

Además, ante la avalancha de contagios, el Gobierno ha extendido la obligación de vacunación al personal universitario, con independencia de su edad, equiparándolo así al personal escolar, sanitario y de seguridad, que ya lo tiene que hacer desde mediados de diciembre.

Suspendidos sin remuneración quienes falten al trabajo por no estar vacunados

Los controles serán realizados por los empleadores en el caso de las empresas públicas y privadas, mientras que en los juzgados corresponderá a los responsables de seguridad y en las universidades a los directores del centro.

Quienes se ausenten de sus puestos de trabajo por no poseer el certificado de vacunación serán suspendidos sin remuneración, aunque no recibirán una sanción y tendrán derecho a conservar su puesto de trabajo hasta que estén vacunados. No obstante, después de cinco días, la empresa podrá sustituirlos.

Nuevas restricciones en festivales, hoteles, tiendas y transporte público

El decreto ley también impone nuevas restricciones como la obligatoriedad a partir del 10 de enero del pasaporte sanitario reforzado para los medios de transporte públicos, además de a hoteles, ceremonias o festivales; mientras que por ahora se pide en el ocio y la restauración.

Asimismo, a partir del 1 de febrero, el pasaporte básico, que incluye la posibilidad de una prueba anti-COVID, será obligatorio para acceder a las tiendas que no sean de alimentación o farmacias, los dos únicos casos que seguirán siendo de acceso libre-, los bancos, las oficinas de correos y las oficinas públicas. En caso de acceder a estos servicios sin el pasaporte, se impondrán sanciones de entre 400 a 1.000 euros.

Este paquete de sanciones es un nuevo impulso del gobierno de Mario Draghi para impulsar la vacunación en el país, que tiene un 89,22 % de los mayores de 12 años con al menos una dosis suministrada, y frenar la curva de contagios, que sumó este jueves 219.441 nuevos positivos.