Jueves, 27 de Enero de 2022

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El Supremo tumba el ERTE de ArcelorMittal por la pandemia

La Sala de lo Social confirma la decisión de la Audiencia Nacional que consideró ajustado a derecho el rechazo de Ministerio de Trabajo a la propuesta de la compañía

Logotipo de la compañía ArcerlorMittal.

Logotipo de la compañía ArcerlorMittal. / GETTY IMAGES

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que dio el visto bueno a la decisión del Ministerio de Trabajo de no admitir el ERTE propuesto por ArcelorMittal por fuerza mayor debido al estallido de la pandemia de COVID-19. El ERTE de la empresa suponía la suspensión de los contratos de trabajo de los más de 8.200 trabajadores desde el seis de abril de 2020 hasta que terminara el estado de alarma decretado por el Gobierno. Dicen los magistrados que "las circunstancias acreditadas por la empresa no encajan en la fuerza mayor que establecían las previsiones legales aprobadas por el Gobierno".

Este es el segundo ERTE que se anula a ArcelorMittal, después de que el pasado 2 de noviembre el pleno de la sala de lo social del alto tribunal desestimara otro recurso contra otra propuesta que trató de justificar en la caída de la producción.

A juicio de la Sala, coincidente con el de la sentencia recurrida y con el de la resolución impugnada, las circunstancias acreditadas por el grupo recurrente no encajan directamente en ninguna de las previsiones que el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, configura como constitutivas de la fuerza mayor que el precepto configura.

El pasado 2 de noviembre, el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo desestimó un recurso de ArcelorMittal contra otra sentencia de la Audiencia Nacional, de 30 de noviembre de 2020, que declaró nulo el ERTE comunicado por la empresa en España el 8 de mayo de 2020 por razones productivas con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2020. La Audiencia Nacional, en aquella sentencia, estimó la impugnación por varios sindicatos del ERTE, que preveía la suspensión colectiva de contratos de trabajo, al apreciar falta de documentación e información, mala fe empresarial y fraude

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