El Ayuntamiento ha notificado a la Conselleria de Sanidad que debe demoler el hospital de campaña de la Fe, asegura el PP

València

El Partido Popular asegura que el Ayuntamiento de València ha notificado ya a la Conselleria de Sanidad que debe demoler en el plazo de dos meses el hospital de campaña de la nueva Fe o se enfrenta a una multa de hasta 30.000 euros.

Los populares afirman que han tenido acceso a esa notificación en la que el consistorio rechaza las alegaciones de la Conselleria de Sanidad por haberse negado sistemáticamente a legalizar las obras como pedían los técnicos y ordena su demolición. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, pide explicaciones al president Ximo Puig por el dineral que ha costado a los valencianos "la chapuza del hospital de campaña que abrió sin licencia y sin bocas de incendio y se voló el primer día por un temporal". Cree que lo justo es que el president y la consellera Ana Barceló paguen la multa de su bolsillo. “Mientras en otras Comunidades se han construido hospitales para atender dignamente a las personas con Covid, en Valencia la izquierda optó por unas carpas que no han servido para nada, añade.

"Este informe confirma el despropósito de los hospitales de campaña del Botànic” ha señalado la portavoz del PP. “Puig debería de dar explicaciones a todos los valencianos por el dineral que nos va a costar a todos pagar la chapuza del hospital de campaña instalado en la nueva Fe. Se han gastado millones de euros en unas carpas que salieron volando el primer día, que se abrieron sin licencia y sin bocas de incendio, y que no han servido para prácticamente nada y ahora la Generalitat se enfrenta a una posible multa”, explica Catala.

Según explica el PP, la notificación municipal recoge “ordenar a la Conselleria de Sanidad, a la restauración de la ordenación urbanística vulnerada por las obras ejecutadas en el mencionado emplazamiento, para lo que se concederá el plazo de dos meses, consistente en la demolición de las obras realizadas, así como para que aporte la documentación técnica que acredite dicha restauración”. Al mismo tiempo, señalan que el "informe de la concejalía dirigida por socialista Gómez advierte al Gobierno de Puig que, en caso de incumplimiento por parte del mismo de la orden de restauración de la legalidad urbanística, podrán imponérsele medidas coercitivas, hasta lograr la ejecución de las medidas de restauración (consistente en la demolición de lo construido ilegalmente), y, entre ellas, multas coercitivas por períodos de un mes y en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una de ellas, con un máximo de diez, o, en su caso, ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, y a su costa, con independencia de las que puedan imponerse con ocasión del correspondiente expediente sancionador, conforme al artículo 260.1 del Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (TRLOTUP), aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell”.

El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, cree que el PP ha quedado retratado

Por su parte, el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, cree que el PP ha quedado retratado con este tipo de denuncias. Asegura que el gran éxito del hospital de campaña ha sido no tener que utilizarlo "gracias a que la getión de la pandemia ha puesto en primer lugar a la salud". "Está quedando muy retratada la gente que está intentando rascar algún voto cuando la sociedad está centrada en dejar atrás la pandemia", señala el concejal.