El Govern reivindica la sobrepoblación en sus alegaciones a la propuesta de financiación de Hacienda

Palma

La sobrepoblación. Es el concepto sobre el que giran las alegaciones que el Govern ha remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública contestando a un documento inicial para la reforma del modelo de financiación autonómica. El Gobierno central remitió hace semanas a las comunidades un informe con una propuesta de cálculo de la población ajustada. Esta es una de las variables más importantes del sistema porque determina el reparto de los recursos en función de criterios demográficos, territoriales o sociales. Mientras el debate político a nivel nacional se centra en el peso que la despoblación tiene que tener en el reparto de los fondos, regiones como Baleares o la Comunidad Valenciana reclaman poner el acento en lo contrario; en la población estacional y en el crecimiento demográfico a largo plazo.

Baleares ha remitido este lunes una carta al Gobierno con una propuesta técnica para apelar el planteamiento del Gobierno y que cuenta con las aportaciones de entidades sociales y políticas. La propuesta del Ministerio de Hacienda sugiere abordar el nuevo cálculo teniendo en cuenta, por ejemplo, la despoblación, la superficie del territorio o la dispersión de sus habitantes. Conceptos que chocan con las variables que el Govern cree que se tienen que tener en cuenta y que se resumen en una sola palabra: sobrepoblación.

Baleares reclama tener en cuenta no sólo a los habitantes empadronados, sino a los turistas y los trabajadores de temporada que también utilizan los servicios públicos del archipiélago. El coste de congestión que tiene ese exceso de población y que provoca un esfuerzo adicional para poder mantener los servicios es otro de los puntos clave que el Ejecutivo balear ha remitido a Hacienda.

El Govern también defiende que se tenga en cuenta la diferencia de precios en los distintos territorios y su efecto sobre la provisión de servicios. Por ejemplo, un precio del suelo más caro en Baleares tiene efectos sobre el coste de infraestructuras. Otro de los conceptos incluidos en la propuesta del Ministerio es el de la insularidad, que el Gobierno pretende ponderar en función de los kilómetros de las islas a la península. Para la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, esta ponderación se tiene que hacer de una forma más profunda, valorando el coste de los servicios públicos y su distribución, no midiéndose solo en kilómetros de distancia con la Península.

Desde el Govern insisten en la necesidad de conocer toda la propuesta del Gobierno sobre la financiación para poder alegar. Sánchez insiste en que la reforma del modelo tiene que poner el acento en la capacidad tributaria de las comunidades y en un respeto al principio de ordinalidad, es decir, que quien más aporte tenga garantizada su posición en la parte alta de la tabla una vez repartidos todos los recursos.

La población ajustada no es el único elemento sobre el que se articula el reparto de los fondos.