Los asaltantes del Ayuntamiento de Lorca se enfrentan a los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad

Madrid

Los asaltantes del Ayuntamiento de Lorca que obligaron a suspender el pleno municipal han entrado de lleno en el código penal, según los juristas consultados por la Cadena SER. Sostienen que lo ocurrido encaja en el delito de desórdenes públicos que impone penas de prisión de tres a seis meses a los que "perturben gravemente el orden en los actos públicos de cualquier autoridad o corporación".

Esto solo para los asaltantes. Sin embargo, sin perjuicio de lo que determine la investigación, algunos de ellos dejaron, además, heridos de distinta consideración a cuatro policías locales y ya hay un detenido por estos hechos. Esto se traduce en un delito de atentado contra la autoridad que está castigado con penas de entre uno y cuatro años de cárcel. Uno de los asaltantes ha declarado este martes a la Cadena SER que fue víctima de la desinformación y ha pedido disculpas por lo ocurrido.

Fernando Flores, profesor de derecho constitucional y director del instituto de derechos humanos de la Universidad de Valencia sostiene que lo ocurrido no encaja en el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación: "Ese ejercicio deja de esta protegido por el artículo 21 de la Constitución cuando ellos se enfrentan a la Policía Local e irrumpen de forma violenta en el Ayuntamiento. No está amparado por la libertad de reunión y manifestación".

Estamos ante hechos, presuntamente delictivos, y esta más que justificada su investigación, según opina el magistrado emérito del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez: "Ahí está justificado tanto la investigación de los hechos como, en su caso, la responsabilidad a que hubiese lugar en el proceso penal, con todas las garantías, pero también con toda claridad y con toda serenidad. Estos hechos no pueden ser banalizados".