El funcionario de prisiones encarcelado por presunta corrupción encargó la venta de su casa a un condenado por dos asesinatos

Murcia

El jefe de servicio de la prisión murciana de Sangonera encarcelado el pasado miércoles por presunta corrupción otorgó plenos poderes a un recluso condenado por dos delitos de asesinato, uno de ellos, frustrado, para que vendiera su vivienda y junto con otras dos personas le hizo un reconocimiento de deuda por 692.000 euros.

Así se recoge en el atestado de la Guardia Civil y el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso Efe, en el que se indica que los investigadores sospecharon desde el primer momento que esa compraventa, encubría, presuntamente, el pago de una deuda de ese funcionario, J.M.S.L., a dicho recluso.

Así, uno de los indicios que apuntaban en esa dirección era el de que la operación se llevó a cabo, en diciembre de 2020, en una prisión de Jaén, en la que M.G.U., que recibió los poderes para representar a dicho jefe de servicio de la cárcel de Murcia, cumplía condena.

Otra señal de alerta para los agentes fue que en la transacción este recluso actuó al mismo tiempo como representante verbal del comprador del piso, un joven que comenzó a pagar las cuotas mensuales de mil euros, según lo pactado, cuando era aún menor de edad y dos años antes de formalizarse la compraventa.

Añaden los investigadores que el precio del piso, ubicado en una pedanía murciana, se fijó en 30.000 euros, a pagar en treinta mensualidades, desconociéndose de qué forma el comprador pudo hacer frente a los pagos, ya que carecía de fuente de ingresos al no tener trabajo.

También les hizo sospechar de que se trataba de la devolución encubierta de un préstamo hecho por el recluso a J.M.S.L., al que conoció cuando estuvo ingresado en la cárcel murciana antes de ser trasladado a la de Jaén, ya que era una operación nada habitual y hecha en circunstancias extrañas.

En el transcurso de esta investigación, iniciada en julio de 2021 tras la denuncia de un interno de la cárcel de Murcia en la fiscalía, se supo también que la esposa de M.G.U. había insistido en varias ocasiones al funcionario para que entregara la vivienda, al no haberles devuelto el préstamo de 90.000 euros que le habían hecho.

Y no solo eso, sino que, a través de una demanda presentada en un juzgado de primera instancia de Murcia por ella misma en representación del comprador le exigieron la entrega del piso.

Señalan las diligencias también que en el registro efectuado en el coche de J.M.S.L. se encontró un documento en el que el funcionario, junto con un segundo investigado, E.R.O., y una tercera persona admitían que debían a M.G.U. 692.000 euros por las “relaciones económicas” existentes entre ellos.

El atestado indica que, presuntamente, este funcionario de prisiones exigía dinero a los internos a cambio de mejorarles su estancia en la cárcel, y añade que existen indicios según los cuales, junto con otros investigados, estaría planificando operaciones financieras, supuestamente, para estafar a los bancos, una de las cuales ya se habría materializado.

La causa cuenta ya con seis investigados, pero dada la información recogida por las fuerzas policiales, esa cifra puede constituir solo la punta del iceberg, ya que no se descartan más detenciones, que afectarían a funcionarios y otras personas.