Política

Ribera anuncia un aumento de 102 millones en la inversión para el Mar Menor

El MITECO invertirá un total de 484 millones de euros en actuaciones en la laguna, incluyendo 22 millones de euros para recuperar ecosistemas en la franja del Mar Menor y otros 20 millones para la diversificación de actividades en el ámbito agrario

SAN PEDRO DEL PINATAR, (MURCIA), 11/02/2022.- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la reunión con colectivos, organizaciones sociales y universidades para presentar los avances en el Marco de Actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor, este viernes en el Instituto Oceanográfico de Murcia en San Pedro del Pinatar. EFE/Marcial Guillén / Marcial Guillén EFE

San Pedro del Pinatar

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este viernes en el Instituto Español de Oceanografía de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, un aumento en la inversión del Gobierno de España para actuaciones en el Mar Menor de 102 millones de euros, por lo que el montante total pasa de 382 a 484 millones de euros.

Ribera ha visitado la Región de Murcia para reunirse con las distintas organizaciones ecologistas, sociales, empresariales y sindicales implicadas en la crisis de la laguna salada, con los ayuntamientos de la zona y con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en cumplimiento del compromiso adquirido en septiembre de 2021 de trasladarse a la Comunidad para dar cuenta de la situación.

El aumento de la inversión anunciada incluye 22 millones de euros para recuperar ecosistemas en la franja del Mar Menor, 20 millones de euros para facilitar la diversificación de actividades en el ámbito agrario, a la búsqueda y al refuerzo de la capacidad de actuación de las administraciones locales destinadas a depuración y saneamiento.

Tras la presentación del programa marco de actuación en el mes de noviembre del año pasado, durante el mes en el que el proyecto ha estado abierto a alegaciones se han presentado un total de 600 por parte de 79 participantes, en el que se incluyen plataformas, regantes, empresas o universidades, pero de los que la ministra ha destacado que el 50% son ciudadanos particulares.

Ha señalado que se han desestimado todas las que invaden competencias propias de la administración regional o local no crear una situación “delicada”.

Ribera ha lanzado, además, varios mensajes al Gobierno regional para instarle a actuar sobre el terreno: “La implicación sobre el terreno de la administración autonómica es determinante”, ha expresado, para añadir “es clave sentar las bases de confianza y trabajo conjunto” entre las distintas autoridades, más que centrarse en “eventuales querellas, que, por cierto, han sido archivadas hace poco”.

Desde 2018, se han iniciado un total de 283 expedientes sancionadores por uso privativo de agua sin autorización y que afectan a una superficie de 4.917 hectáreas, 2.400 hectáreas de regadío. Del total de expedientes, 203 se han remitido al Gobierno de la Región de Murcia, según los datos de la ministra.

Tras recibir la notificación, 52 fincas han cerrado los regadíos voluntariamente, una superficie que supone 1.007 hectáreas, mientras que 628 hectáreas se encuentran en ejecución subsidiaria y los propietarios de otra parte han recurrido y se encuentran a la espera de resolución judicial.

La intención del Gobierno de España es que la tramitación de estos expedientes esté lista en el mes de marzo, “lo cual no significa que haya posibilidad de ejecución de los cierres”, ha expresado Rivera, porque estos dependen del trámite judicial.

Ribera ha calificado el asalto violento al Ayuntamiento de Lorca como un “episodio desgraciado como poco”.

Sobre los purines que se producen en las granjas de la zona, ha señalado que “en la medida en la que la presión de los contaminantes supera umbrales que acaban afectando al acuífero que pueden poner en peligro la calidad del agua, los vertidos al mar menor y la calidad de los suelos, la obligación de las administraciones es regular adecuadamente esto”.

Por otro lado, ha considerado “una barbaridad y una irresponsabilidad” la intención del Ejecutivo andaluz de tratar de legalizar regadíos en el entorno de Doñana: “No hay agua para legalizar regadíos”, ha asegurado, para añadir que “no se puede esconder la incapacidad de la respuesta sobre algo en lo que no tienen competencia”.

Ha demandado que las instituciones locales ofrezcan una “respuesta real a las personas que se ven afectadas en una zona que vivía de la agricultura y que necesitan oportunidades”.

 
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